Tres delitos relacionados con el IESS mantienen preso a Iván E.

- 08 de abril de 2019 - 00:00

En febrero de este año se libró temporalmente del caso de peculado al ser declarado inocente. Pero la Fiscalía apeló esa sentencia y tendrá que volver a enfrentarse con jueces de Sala. Al médico le quedan dos procesos.

En Guayaquil, Durán y Samborondón de la provincia de Guayas están repartidos los tres casos penales que enfrenta el exministro de Inclusión Económica y Social, José Iván E. M., procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito; y declarado inocente en el caso de peculado.

Hace ocho años, José Iván E. M. inició su carrera laboral  en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Empezó en 2012 como director del IESS de Durán. Dos años después era médico residente del hospital del Seguro Social Teodoro Maldonado Carbo, ubicado en el sur de Guayaquil. En 2015 se convirtió en Director Provincial de Guayas de la institución. Para 2016 ascendió a subdirector nacional y se retiró en 2017 para desempeñarse como ministro, de acuerdo con reportes de las declaraciones juramentadas de Contraloría.

El exfuncionario del Seguro Social manejaba para 2017 un patrimonio de $ 188.390,16, el cual se incrementó a $ 209.151,58, en 2018, según evidencian documentos de la Contraloría.

Delito de peculado
Durante su paso como Subdirector del IESS, la Contraloría efectuó seis auditorías a los contratos de prestación de servicios.

A base del informe de Contraloría y de la investigación fiscal se procesó y se dictó prisión preventiva en contra de José Iván E. y 12 personas más por presunto peculado, porque presuntamente se ocasionó un perjuicio al IESS por $ 436’776.917, por servicios contratados con clínicas privadas.

Durante la instrucción fiscal, se procesó a 13 personas. En la fase de evaluación y preparatoria de juicio la Fiscalía evidenció un perjuicio al IESS de $ 123.000 y acusó en calidad de autores a siete imputados, entre ellos a José Iván E., y uno como cómplice del delito de peculado. Los restantes fueron absueltos.

El 15 de febrero de este año, los ocho imputados se presentaron en el juicio, desarrollado en el Tribunal de Garantías Penales del complejo judicial Albán Borja.

En el juicio, la Fiscalía explicó que del examen practicado a la acreditación, contratación, derivación y pagos a los prestadores de servicios privados de salud, durante el período del 1 de julio de 2012 al 31 de agosto de 2015, la Contraloría estableció que Esculapio S.A. (clínica Alcívar), cobró valores por encima del tarifario del Ministerio de Salud, ocasionando un perjuicio al erario público de $ 123.000,00. Y en este delito tienen participación los ocho acusados.

César García, defensa de José Iván E. M., rebatió la teoría de la Fiscalía al señalar que su cliente estuvo siete días en el cargo de subdirector nacional, pero la responsabilidad de aprobar el gasto y el pago era de los subdirectores provinciales, a quienes el Fiscal anterior les dio un dictamen abstentivo.

La Fiscalía no refutó las aseveraciones de García y al final los jueces del tribunal declararon inocente a los ocho procesados. La semana pasada se presentó la apelación a esta sentencia y José Iván E. irá otra vez al banquillo de los acusados por este caso.

Lavado de activos
En el complejo judicial de Durán se inició el 1 de abril la audiencia de juzgamiento en contra de José Iván E., acusado del supuesto delito de lavado de activo por movimientos financieros en sus cuentas, las de su esposa y de otros tres imputados.

Según la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entre 2010 y 2017 se le hallaron ingresos por transacciones de $ 716.000, pero en ese mismo período solo declaró renta por $ 412.000.

El juicio se reanudará este miércoles con la presencia de más testigos.

Enriquecimiento ilícito
En este caso, que se tramita en la Unidad Judicial de Samborondón, pese a haber concluido la instrucción fiscal y agendar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio no se ha logrado instalarla por inconvenientes con el procesado José Iván E. M.

La causa se origina por un informe de Contraloría, en el que concluye que no justificó la adquisición de bienes y los valores de sus cuentas. (I)

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