El ministro del Interior, José Serrano, anunció que Eduardo G. se mantiene en la lista roja de difusión de la Interpol desde diciembre del año pasado y esperan que este ciudadano sea extraditado desde los Estados Unidos, su actual lugar de residencia, para que pueda continuar el proceso judicial en este caso.

Serrano detalló que el ‘Caso González y Otros es considerado como emblemático y es un claro ejemplo de lucha contra la impunidad, por ello pidió a las autoridades del país norteamericano para que realicen los trámites necesarios de manera urgente y oportuna para la captura y posterior deportación Eduardo G.

Además el Ministro explicó que la difusión roja está vigente desde finales del año pasado y está publicada en las diferentes instancias de la Interpol.

De igual forma, pidió que las autoridades de Estados Unidos no actúen de la misma forma que lo ocurrido con los casos de los hermanos Isaías y el expresidente Jamil Mahuad, en las que la difusión roja se cayó y no pudieron ser extraditados.

Más temprano, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, aclaró que está en firme la orden de detención en contra del entonces mayor de la Policía, quien "comandó, organizó y ejecutó" el operativo en la farmacia Fybeca del 19 de noviembre de 2003, en el cual murieron ocho personas.

El Fiscal manifestó que ya se ha mantenido varias reuniones con el embajador estadounidense en Quito, para que "EE.UU. facilite la extradición de este ciudadano y pueda ser juzgado".

"La orden de detención de él está en firme desde hace mucho tiempo atrás (...), hubo el auto de llamamiento a juicio. A él se le suspendió el proceso porque no se puede juzgar en ausencia, pero la orden de detención está en firme desde esa decisión judicial", sostuvo Chiriboga en una entrevista esta mañana en Ecuavisa.

El titular del Ministerio Público recalcó que en este caso se comprobó que las personas que murieron en el operativo policial en la farmacia fueron ejecutadas con intención y alevosía por la espalda, cuando estaban rendidas en el piso, boca abajo.

La prueba principal fue la presentada por los peritos de la Unidad de Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público de Venezuela. Ellos analizaron el informe de autopsias emitido en noviembre del 2003 por el médico forense que analizó los ocho cadáveres.

El Fiscal también dijo que por otro lado se evidenció que la famosa historia de la búsqueda de alias El Marino, uno de los más buscados, era falsa. La coartada era que se desviaron a la farmacia porque Eduardo G. vio que la asaltaban e irrumpieron en ella para detener "un delito flagrante".

"Se evidenció que para justificar este asesinato en la categoría de ejecución extrajudicial primero se borraron huellas, se pusieron dos granadas de alto poder explosivo y una ametralladora afuera de la farmacia, para argumentar lo que ellos argumentaban: que estaban en legítima defensa. Nadie puede estar en legítima defensa cuando el agresor está sometido en el piso", sostuvo Chiriboga.

Enfatizó que Eduardo G. "es quien lleva el operativo, pide el apoyo al GIR, moviliza a todo el equipo que tenía en Guayaquil. Es más, ni siquiera se reportaba a sus superiores en la ciudad, era una actividad secreta (...) La situación real es que en los operativos que ha hecho hay siempre un reguero de muerte impresionante".

Chiriboga recalcó que la tesis de la Fiscalía es que "había sin duda un asalto a la farmacia Fybeca, pero el hecho es que esos asaltantes ya una vez reducidos, y si no presentaban un riesgo para la Policía tenían que haber sido reducidos a prisión y puestos a órdenes de los jueces. Lo que no se hizo fue eso. Ellos se convirtieron en jueces, y además determinaron la pena de muerte de esas personas. Eso es absolutamente inaceptable en este país. Eso la Fiscalía no lo va a tolerar".

El pasado 6 de noviembre, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), sentenció a 16 años de reclusión mayor especial a cuatro policías que integraban el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y un expolicía que ya cumple una sentencia por otro delito.

Otros cinco procesados fueron declarados encubridores, pero no cumplirán los  dos años de prisión que les impuso el Tribunal,  porque les favorece la eliminación del encubrimiento como tipo penal en el actual Código Orgánico Integral Penal.

El último procesado, un excomandante de Policía (Jorge Poveda), fue ratificado en su inocencia porque no hubo la prueba suficiente para sentenciarlo.