Silvia Sánchez, jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ordenó este jueves la instrucción fiscal en contra de 13 personas que estarían involucradas en el Caso Arturo Jarrín, que se realiza por presunta ejecución extrajudicial.

Con esto, la magistrada dictó prisión preventiva contra 3 de los procesados, mientras que para los otros 10 dispuso la obligación de presentación periódica ante la autoridad y prohibición de salida del país. 

Además dictó la prohibición de enajenar bienes por $ 50.000 para todos los sindicados. 

La audiencia de formulación de cargos se instaló esta mañana en el octavo piso de la CNJ. A la diligencia asisitió Galo Chiriboga, fiscal general de la Nación. 

Según el Resumen Ejecutivo de los relatos del informe de la Comisión de la Verdad, en 1986, Arturo Jarrín Jarrín, líder del movimiento Alfaro Vive Carajo (AVC) fue arrestado en Panamá y trasladado a Quito. De acuerdo al documento, los agentes que ejecutaron la detención no habrían respetado los procesos de extradición.

Posteriormente, ya en el Ecuador el informe determinó que Jarrín fue torturado, violentado sexualmente y apareció asesinado en el barrio de Carcelén (norte de Quito). La Comisión de la Verdad recogió la versión de la Policía, que argumentó que se trató de un enfrentamiento y que el fallecido no se habría encontrado en Panamá.

Los sindicados son 2 civiles y 11 policías en servicio pasivo, dentro de los cuales se encuentran 4 generales. Entre ellos consta el general Édgar V. quien se encuentra en Estados Unidos; las autoridades ecuatorianas iniciaron un trámite de extradición para continuar con el proceso de juzgamiento.

El excomandante también es procesado por otro caso de lesa humanidad en contra de Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín, exintegrantes de AVC. También estarían involucrados Gonzalo Z., exdirector Nacional de Investigaciones; Hólguer S., exjefe del SIC de Pichincha, entre otros. 

A la diligencia también asistió Edwin Jarrín, hermano de la víctima que conforma la acusación particular. Junto con él llegaron al salón de la audiencia sus otros hermanos Beatriz, Rodrigo y Alexandra Jarrín.

"No importa si es que una persona es delincuente o es un posible delincuente, no tienen derecho a torturarlo, a desaparecerlo. Este país ya cambió -dijo-. Lastimosamente para ellos (los policías) tienen que entender que esa doctrina de la Escuela de las Américas que formó a la Policía Ecuatoriana en la época de tortura, ya no existe más en el Ecuador". (I)