85 militares y policías, en instrucción fiscal por 30-S

29 de junio de 2013 00:00

Con la presencia de una parte de los militares y policías involucrados en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, se realizó la reconstrucción de los hechos sobre la paralización de actividades que se hizo en la exbase aérea.     

Según la Fiscalía, son 85 los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que están dentro de la instrucción fiscal, de los cuales 52 pertenecen a la Fuerza Aérea (FAE).

La diligencia comenzó a las 09:00 de ayer, con la presencia de personal de Antinarcóticos, pues según las investigaciones y un video, una camioneta con uniformados de esa unidad policial estuvo ese día en el interior de la pista.

Abogados de los involucrados señalaron que la reconstrucción de los hechos se da únicamente de manera parcial, pues se debe considerar que la exbase aérea no se encuentra en las mismas condiciones que hace dos años. De los uniformados procesados, algunos son activos y otros ya han salido de las instituciones por diversas causas.

El Gobierno Nacional creó un plan de recompensas para identificar a las personas civiles y uniformados que participaron de la revuelta que dejó muertos y heridos.

Miembros de la Comisión de Investigación del 30-S se encuentran recopilando evidencia para continuar con los procesos judiciales y encontrar a los responsables, aseguró Carlos Baca, director de la comisión.

La mañana del 30 de septiembre de 2010 se paralizó la base aérea y los uniformados se colocaron en medio de la pista y con carteles protestaron contra el Gobierno, reclamando por la aprobación de la Ley de Servicio Público que, según ellos, les quitaba beneficios.

La paralización del aeropuerto causó problemas de operación en la terminal aérea y se produjeron  cancelaciones de vuelos. La Contraloría multó a los militares, pero en el ámbito penal el caso estaba estancado. Hasta el momento, únicamente policías, tanto de tropa como oficiales, han sido enjuiciados por la sublevación.

Anteriormente hubo una convocatoria para realizar la diligencia, sin embargo, la notificación a los involucrados se demoró en llegar, motivo por el cual fue suspendida.

El delito por el que son indagados por la Fiscalía es la paralización de servicios públicos, pues durante la revuelta del 30-S los uniformados se tomaron el antiguo aeropuerto de Quito.