De las 3.016 mujeres reclusas que existen actualmente en Ecuador, 2.859 están distribuidas en Centros de Privación de Libertad (CPL), la mayoría de ellas en tres provincias (ver infografía), purgando sentencia o afrontando un proceso judicial.
Del total general, el 54,17% (1.634) han sido sancionadas por delitos vinculados al microtráfico de alcaloides, según cifras del Ministerio de Justicia.

La venta de drogas ha llevado a 1.600 mujeres a ser sancionadas con base en el Código Orgánico Integral Penal, 29 por la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (sustituida en 2015 por la Ley de Prevención del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Sujetas a Fiscalización) y cinco por el anterior Código Penal.

A este fenómeno delictivo cometido por mujeres y por el cual están presas en cárceles del país le siguen los delitos vinculados al robo (357), asesinato (100), estafa (73), hurto (39), homicidio (24), violación (13), entre otros.

También hay casos de mujeres procesadas por actos de corrupción (37), siendo el peculado la infracción en la que ha incurrido el mayor número de ellas: 33 personas privadas de la libertad (PPL).

¿Dónde está la mayoría de mujeres presas y qué piden?

Según el Ministerio de Justicia, del total de mujeres registradas hasta diciembre de 2018, el 31,82% está en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) Mixto de Guayaquil, el 28,36% en Latacunga (Cotopaxi), el 6,36% en El Turi (Cuenca) y el resto se distribuye en 26 cárceles más del país (ver infografía).

En Quito está el CRS Femenino de Atención Prioritaria, donde hay mujeres embarazadas en proceso judicial y con sentencia, así como las que tienen hijos menores a los cuatro años de edad o quienes han obtenido la prelibertad.

Hasta el 11 de enero pasado existían 61 mujeres en este CRS. Aunque por la tarde fueron trasladadas cuatro reclusas al CPL de Latacunga.

En entrevista con los Medios Públicos, a los que se les permitió el ingreso de un equipo periodístico, las mujeres resaltaron que necesitan se amplíen los cursos y talleres para aprender oficios e iniciar emprendimientos a su salida de prisión.

Además solicitaron se incremente la venta de sus productos para contar con ahorros una vez libres y ayudar a sus familias. La necesidad ha llevado a 38 mujeres (más de la mitad de PPL del lugar) a seguir sus estudios.

En abril próximo, la Unidad Fiscomisional PCEI y el Centro de Apoyo Tutorial Matilde Hidalgo de Prócel graduarán a tres nuevas bachilleres. Una de ellas es Teresa A., quien a sus 27 años conseguirá su anhelado título, pero también ha destacado por ser líder del Consejo Estudiantil y abanderada del CRS. Indicó que su meta, luego de cumplir su sentencia de un año de prisión, será continuar con los estudios universitarios.

Para Teresa, estar presa no le impide trabajar, pues resaltó que necesita algo de dinero “para ayudar a nuestros familiares que se han quedado afuera con nuestros hijos”.

La falta de políticas públicas en favor de la población más pobre en Colombia, llevó a que Gladys E. migrara al Ecuador. A su hijo le habían detectado cáncer, fruto de un tumor en la rodilla y ella no tenía recursos para comprar sus medicamentos.

Consiguió un trabajo en la Amazonía ecuatoriana en el que ganaba $ 12 diarios, pero le era insuficiente para comprar las medicinas, por lo que empezó a ser intermediaria en el tráfico de drogas y ganaba $ 40 por transacción.

Al final, su hijo falleció de cáncer, otro está en Colombia y ella cumple condena junto con su niña de nueve meses.

En la cárcel aprendió a crear diseños con chocolates y aunque le faltan 10 meses para cumplir el 60% de la condena, será esa la rama del negocio que emprenderá.

Aunque también solicitó que se tomaran en cuenta situaciones como la suya para la entrega de indultos, “somos personas que estamos por primera vez y cometimos un error por necesidad”.

La PPL Lina S. también aprendió a elaborar diseños en chocolate. Pidió que el Estado destinara un presupuesto mayor para proyectos de enseñanza de diferentes oficios. Con ello coincidió Paola S., quien al ver que otras compañeras tras salir libres han emprendido negocios a partir de lo aprendido en la cárcel, valoró la enseñanza brindada, pero solicitó que el Estado ayude con préstamos para empezar negocios.

Faltan más políticas públicas y menos criminalización

“Los oficios (aprendidos) abren otras perspectivas de vida a las reclusas”, fue la frase con la que Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), reflejó la necesidad de motivar la educación no solo dentro de las cárceles sino en los barrios vulnerables, con alto nivel de delincuencia y de habitantes con bajos ingresos económicos.

Para Monge, la rehabilitación social tiene sus bases en enseñar a los presos otras formas de subsistencia. Los talleres y cursos, entonces permitirían que a su salida comiencen negocios y no vuelvan a incurrir en delitos.

“Me parece que eso debe ser una política de Estado. La rehabilitación es prepararlas para reincorporarlas a la sociedad y darles herramientas y un oficio para que puedan ejercerlo”, remarcó.

Según se desprende de estudios y lo que señalan expertos, gran parte de la población carcelaria procede de familias pobres con necesidades insatisfechas y escasa educación y eso también está reflejado en las PPL mujeres.

Para Lorena Aguirre, trabajadora social y catedrática, las que delinquen son, generalmente, madres solteras sin oportunidad de empleo. Explicó que la mayoría ha sido juzgada por delitos de venta de drogas, pero no pertenecen a bandas grandes de traficantes, “son parte del microtráfico, son ‘mulas’”.

Lisset Coba, catedrática y experta en temas de mujeres, subjetividades y sistema judicial, dijo que desde los años 80’ y 90’ se agudizó la criminalización de las mujeres por delitos de narcotráfico.

Cree que “son herederas de despojos históricos, por ello tenemos mujeres migrantes, negras, mestizas pobres”.

Señaló que su reinserción en la sociedad es responsabilidad del Estado, el cual debería ayudar con planes habitacionales y trabajo.

"Es importante que estas mujeres tengan acceso a un trabajo, pero al trabajo digno. Las mujeres en prisión son vulnerables a ser explotadas”, alertó. Agregó que solo con políticas públicas adecuadas se daría paso a nuevas oportunidades para las detenidas.

La Asamblea Nacional se apresta a realizar reformas al COIP, pero pese a que existe un significativo número de presas (3.016), legisladores consultados por los Medios Públicos indicaron que no se contempla tratar este tema.

Analistas consideran que la excusa para no abordar esa problemática es que creen que el porcentaje de reclusas (8%) es bajo con respecto al total de PPL, (38.559). (I)