30-S: Tribunal declaró culpables a 63 personas por el delito de sabotaje

08 de abril de 2015 - 17:27

La Fiscalía General informó que 63 personas uniformados (entre policías y militares) fueron declarados culpables por el delito de sabotaje, tras participar en la paralización de los servicios del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. 

Estos hechos se registraron durante los disturbios suscitados el 30 de septiembre de 2010 (30-S). A lo largo de estas manifestaciones los gendarmes obstaculizaron el libre movimiento y tránsito de pasajeros dentro y fuera del país.

La audiencia se efectuó en el Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha; se inició el sábado 14 de marzo y el dictamen se conoció hoy.

Fueron 23 días de audiencia de juicio que se desarrolló de forma reservada por tratarse de un delito contra la seguridad interna del Estado.

El fallo ratificó además el estado de inocencia de 8 personas. Además, 4 procesados no se presentaron a la audiencia, por lo que no pudieron ser juzgados y son considerados prófugos de la justicia.

A través de un comunicado, la Fiscalía detalló que el juez ponente, Pablo Coello Serrano, indicó que la providencia debidamente fundamentada con el tiempo de la pena privativa de libertad será debidamente fundamentada y enviada a los casilleros judiciales de los sujetos procesales en los próximos días.

El proceso penal se inició el 26 de marzo del 2013, con la instrucción fiscal contra 84 policías y militares.

Durante 2014 se realizaron sucesivas vinculaciones hasta llegar a la cifra de 224 procesados, de los cuales 75 fueron acusados y llamados a juicio y a 149 la Fiscalía se abstuvo de acusarles por falta de prueba. 

En la audiencia, el fiscal Iván Ron presentó elementos de convicción como videos de distintos medios de comunicación que transmitieron los hechos, experticias de los análisis faciales de los procesados, informes de Criminalística y testimonios que corroboraron los hechos.

El delito de paralización de los servicios públicos se encuentra tipificado en el artículo 158 del Código Penal anterior y contempla una pena de ocho a 12 años de reclusión mayor ordinaria.

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