El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la declaración simultánea de dos estados de excepción: conmoción interior y emergencia económica, en respuesta a la violencia en la región del Catatumbo, marcada por enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC que dejó al menos 80 muertos.

Aunque los decretos aún no se han emitido, el anuncio busca atender la crisis humanitaria que deja miles de desplazados y decenas de muertes en una ubicación clave para el narcotráfico.

Estos estados de excepción, regulados por la Constitución de 1991, permiten al Ejecutivo tomar medidas extraordinarias con supervisión de la Corte Constitucional.

¿Qué puede hacer el ejecutivo?

El estado de conmoción interior, menos común en la historia reciente, permite al presidente emitir decretos con fuerza de ley para conjurar una perturbación grave del orden público.

Sin embargo, no puede suspender derechos humanos ni alterar la separación de poderes.

La emergencia económica, por otro lado, es más frecuente y habilita medidas como la creación temporal de impuestos o la redistribución de recursos públicos para atender crisis específicas, como ocurrió en 2020 durante la pandemia o en 2023 en La Guajira.

La Corte revisará las declaratorias...

Ambas declaratorias deben superar el escrutinio de la Corte Constitucional, que revisa su validez y asegura que respeten los límites establecidos.

La más reciente conmoción interior, decretada en 2008 por Álvaro Uribe, fue anulada por la Corte, al igual que la emergencia económica declarada por Petro en La Guajira en 2023.

En ambos casos, el alto tribunal consideró que los problemas podrían ser abordados con las facultades ordinarias del Ejecutivo.