Incertidumbre tuvieron ayer los trabajadores de la Revista Vanguardia, en Quito. Hasta el medio día de ayer, los periodistas y diseñadores desconocían sobre su situación laboral.  Varios comunicadores que prefirieron mantener sus nombres en reserva contaron que el personal administrativo de la Editorial Gran Tauro, que imprime el semanario, no se pronunció sobre el tema.

Solo recibieron la disposición de seguir trabajando en sus reportajes, que serán parte de la edición final de la revista que saldrá publicada el lunes. Por eso  todo el personal de la publicación laboró con normalidad en espera de que alguien les explique qué pasos deberán seguir para cobrar sus liquidaciones.

Los comunicadores señalaron que desconocen si les cancelarán los honorarios de junio, que hasta el mediodía de ayer no les depositaban en sus cuentas bancarias como la empresa solía hacerlo mensualmente. Este Diario intentó comunicarse con algún directivo  de la revista, pero no  obtuvo  respuesta.

Lo único que circuló fue el  editorial titulado “El cierre de Vanguardia”, que habrían  publicado los  presuntos accionistas y que apareció en las redes sociales, en donde culpaban del cierre  a  la Ley de Comunicación.

En declaraciones formuladas a diario El Universo, Juan Carlos Calderón, director de la revista, contó que en una reunión mantenida la tarde del jueves con el accionista mayoritario de la compañía, Francisco Vivanco, éste les dijo que las indemnizaciones tendrían que ser negociadas y les recordó que tenían el derecho de reclamar ante las autoridades judiciales si así lo consideraban pertinente.       

Calderón señaló que la Ley de Comunicación no es argumento suficiente para cerrar la revista, ya que la aplicación de la norma  y cómo los periodistas la enfrenten está  por verse.

Por su parte, el asambleísta Mauro Andino, ponente de la Ley de Comunicación, dijo que la empresa tenía problemas económicos y de solvencia.