Paradójico y real: en la Ley de Comunicación hay un 80% de acuerdo de los asambleístas de la Comisión Ocasional. O sea: no hay mayores discrepancias y las existentes son de orden ya político y hasta doctrinario.

Y en esas diferencias hay posiciones donde la decisión final la darán los votos. No hay otra forma democrática y civilizada.

En la nueva ley se debe incorporar el mandato popular del 7 de mayo. Para ello cabe, como lo acordaron los asambleístas el miércoles en la noche, introducir los cambios necesarios. No hace falta que los medios digan lo que tienen que hacer los asambleístas. Esas modificaciones puntuales no pueden ni deben violar el espíritu del pronunciamiento popular. Hay que contar con un Consejo de Regulación con definiciones claras de sus atribuciones.

Los medios privados han querido posicionar los supuestos “nudos críticos” del proyecto de ley en interpretaciones de Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elaboradas antes de la consulta. Y sobre esa base discuten conceptos que no aportan a la Ley de Comunicación sino que cuestionan una de medios, que es en la práctica lo que se intenta superar. Y ante todo ello corresponde ahora ciudadanizar el debate, eliminar esa supuesta confrontación Gobierno-medios que impide ver la comunicación como un derecho de los ciudadanos y también como una oportunidad para construir una sociedad informada, conectada, preparada para tomar decisiones reflexivas con base a una comunicación amplia y responsable. Que nadie intente, a pretexto de la libertad de prensa, eliminar el principio fundamental de la responsabilidad ulterior y las sanciones correspondientes a quienes cometen faltas que violan la Constitución y los acuerdos internacionales.