La existencia del Consejo de Regulación no puede escapar a la decisión de los asambleístas que deben aprobar la Ley de Comunicación. 3’882.379 votaron a favor de su existencia en la Consulta Popular del 7 de mayo último.

La oposición se resiste a su creación argumentando que ese puede ser el espacio para atentar contra la libertad de expresión. Aunque reconoce que ya es un mandato popular y acepta que debe existir la figura de responsabilidad ulterior.

En varios debates y foros, oposición, oficialismo y organizaciones de periodistas y ciudadanos apoyan la existencia del Consejo de Regulación, pero persiste la discusión de sus atribuciones y límites. De hecho, 22 organizaciones de la sociedad civil firmaron, la semana pasada, un acuerdo para apoyar esa postura y para democratizar la distribución de frecuencias.

Para Eduardo Guerrero, ex presidente de Corape, en el Consejo deben haber delegados de los medios de comunicación y de la ciudadanía. Pidió dejar en claro los conceptos de sexismo y discriminación.

El 17 de diciembre de 2009, el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero, junto a los jefes de bloques suscribió un acuerdo ético-político en el que se decidió que el organismo denominado Consejo de Comunicación e Información debía ser autónomo e independiente del Gobierno y de los poderes fácticos.   

Resolvieron además que entre las funciones de la entidad está la de garantizar los derechos de la ciudadanía y el fortalecimiento de la comunicación y que de ninguna manera podrá clausurar o suspender administrativamente ningún medio.

El informe para segundo debate presentado el 1 de julio de 2010 por el presidente de la Comisión de Comunicación, Mauro Andino, precisa que el Consejo es un organismo público que tiene como finalidad la “tutela del pleno ejercicio de los derechos de la comunicación”.

El artículo 35 del informe añade que el Consejo se encargará de vigilar las políticas públicas;  resolver las vulneraciones a los derechos de comunicación; monitorear  la programación;  defender las formas de comunicación; elaborar un registro de medios, entre otros.

En tanto, el artículo 36 establece que el Consejo estará integrado por siete personas: dos postuladas por el Presidente de la República; 1 por el Consejo de Igualdad; 1 por las facultades y escuelas de Comunicación; y tres por la ciudadanía. Los tres últimos designados por concurso de méritos y oposición vigilado por el Consejo de Participación Ciudadana.

Debate en la Asamblea

Andino aclaró que el informe no es cosa juzgada debido a que el debate está abierto no solo para discutir sobre la estructuración del Consejo, sino sobre sus competencias y la responsabilidad ulterior.

Añadió que el mecanismo de trabajo será analizado el miércoles a las 14:00 con el resto de comisionados. Paco Moncayo cree conveniente analizar el contenido del informe. Mientras que Ángel Vilema, vicepresidente de la comisión, sostiene que el tema es uno de los nudos críticos. Silvia Salgado, socialista, indicó que es indispensable que el Consejo  cuente con un solo delegado del Ejecutivo y que quien lo presida sea electo de entre sus miembros.

Los asambleístas Jimmy Pinoargote, César Montúfar, Fausto Cobo y Lourdes Tibán, a mediados de mayo, propusieron dos opciones de estructura del Consejo. En la primera, estaría integrado por cinco delegados de la ciudadanía, bajo criterios de plurinacionalidad y equidad de género. En la segunda, por 2 catedráticos en comunicación; 1 de los gremios estudiantiles; 1 de las entidades de protección a la niñez y adolescencia y 1 de los pueblos y nacionalidades.