Las reformas al artículo 24, literal j, de la Ley Orgánica de Servicio Público fueron  tramitadas ayer en primer debate, por la Asamblea Nacional. El cuerpo legal garantiza el derecho de las personas a trabajar y a contratar con el Estado.
El titular de la Legislatura, Fernando Cordero, resaltó la importancia de las reformas, ya que corregirá algunas falencias, como por ejemplo que los rectores de las  universidades puedan mantener contratos con el Estado.

Si no se producen los cambios, alrededor de 60 mil personas estarán impedidas de ejercer su profesión en el sector universitario público y privado.  

Durante los debates los asambleístas de diferentes bancadas coincidieron en prohibir la contratación de un servidor público con la institución en la que labora;  impedimento que se extenderá a su cónyuge o conviviente y hasta sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad. En el caso del Presidente y Vicepresidente de la República, así como los ministros, hasta el cuarto grado de consanguinidad.  

Coincidieron en que las modificaciones buscan prevenir y evitar casos de corrupción de servidores y servidoras públicas cuando hay abuso de poder, en especial cuando manejan información privilegiada. 

Con las reformas se retiraría la prohibición para que 450 mil servidores públicos y sus familiares directos puedan contratar con el Estado ecuatoriano.