El informe Análisis del Desarrollo Mediático en Ecuador, elaborado por la Unesco en 2011, revela que un pequeño porcentaje de  periodistas ecuatorianos (15%) está afiliado o pertenece a un gremio o sindicato afín con la profesión.

Según el estudio, el 85% no está inscrito en ninguna organización porque los propietarios de los medios no lo permiten. Las cifras establecen que solo un 25% de los dueños o administradores de los medios privados respeta el derecho que tienen los comunicadores a sindicalizarse, que está reconocido en el numeral 7 del artículo 326 de la Constitución y el artículo 440 del Código del Trabajo.

El informe sostiene que el 75% de los periodistas consultados afirmó que en los medios de comunicación donde trabajan no les permiten ningún tipo de agrupación u organización de periodistas. Estas cifras se contradicen con la información proporcionada por los dueños y directivos de los medios, quienes señalan que sí permiten la asociación de sus colaboradores, al menos así lo afirmaron el ciento por ciento de los directivos de los medios impresos, el 83,33% de las radios y el 66,67% de las estaciones televisivas consultadas.  

En el análisis se evidencia que, en el caso de los medios privados, sólo dos diarios y un canal de televisión tienen asociaciones de trabajadores, aunque el porcentaje de periodistas en estas asociaciones es mínimo. En el caso de los canales de televisión, solo un 2,6% de los asociados son periodistas, en uno de los diarios la participación llega al 7,14% y en el otro -en cambio- ningún miembro es comunicador social.

Para Isabel Ramos, investigadora en temas de la comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), la razón para que los administradores o propietarios de los medios no propicien la sindicalización responde a  la lógica de resistencia de los empresarios en el Ecuador y que se puede leer como una actitud empresarial de desalentar las posibilidades de organización y penalizar la intención de crear sindicatos de las empresas.

Carlos trabaja cinco años en una radio y comenta que allí les prohibieron formar parte de algún gremio, “estaba clara la razón de por qué no quieren  que nos agremiemos: no nos pagaban puntualmente y no tenemos en donde quejarnos”.

Ramos dice que la representatividad de un gremio permite avanzar en las conquistas sociales, además de que exige el cumplimiento de las leyes y derechos (pago de horas extras, movilización y recursos-materiales para ejercer el trabajo).

Sin embargo, hay quienes no se agremian porque consideran que estas entidades no les representan. Esthela, a pesar de que en su medio de comunicación no le impiden agremiarse, no lo ha hecho porque cree que esas entidades se han convertido en “fortines políticos”.

Ana comparte el criterio y enfatiza que nunca vio que gremios como la UNP o el Colegio de Periodistas representen al grupo, “solo sonaban en Navidad para entregar una canastilla, pero nunca debaten  sobre la precarización del oficio”.

Ramos sostiene que esa disconformidad es entendible y que se puede interpretar por la falta de participación activa para mejorar las estructuras que tienen muchas organizaciones, como UNP, Colegio o Federación de Periodistas. “Basta con mirar cuáles garantizan los derechos y, aquellas que no, qué intereses persiguen”, concluye.