El presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, solicitó públicamente  que las organizaciones políticas superen y abandonen la teoría del fraude electoral, pues no hay estigma ni “mancha” mayor que haber acudido a esta explicación política.

El pedido fue en relación a las suspicacias políticas que varios sectores han manifestado en torno al proceso de verificación de firmas que organiza el CNE en Quito, evento que fue analizado en el programa El Ciudadano TV, con la participación de Ximena Ponce, delegada de Movimiento PAIS y Fausto Cobo, delegado de Sociedad Patriótica.

Durante el programa, Paredes expresó  que este proceso es paralelo a una auditoría informática que se está llevando a cabo por parte de la Contraloría General del Estado.

Un total 11,5 millones de electores irá a las urnas en febrero próximo, de este universo, 5,5 millones están inscritos en las diferentes organizaciones políticas, es decir casi un 51%. Según este indicador, seríamos el país más politizado de América Latina, según explicó Domingo Paredes, quien añadió que la militancia o la adhesión a una organización debe ser sobre la base de conciencia.

El asambleísta Fausto Cobo  aseguró que mientras mayor sea la transparencia es mejor, y reconoció el acceso que su organización ha tenido al proceso que lleva a cabo el CNE.

El líder de PSP, Lucio Gutiérrez, inclusive, en declaraciones anteriores, invitó a los partidos políticos a no obstaculizar este proceso.

Por su parte, la delegada del oficialismo, Ximena Ponce, aseveró que no se debe reducir el proceso y su efectividad solo al sistema informático, sino a otras instancias. “Es un momento histórico, no solo es el sistema informático ni el 1,5% de firmas, sino darle la vuelta al sistema de partidos políticos, y lo estamos logrando, consolidando el proceso en el CNE”, manifestó.

La ex ministra dijo que el discurso del supuesto fraude  hace daño, no solo a una institución sino al país. “Es absolutamente irresponsable señalar este tipo de cuestionamientos”, acotó, recordando que la sociedad civil también puede apropiarse de un régimen de supervisión y veeduría.