Las denuncias de la ciudadanía, a través de las redes sociales y de la línea 1800-282828, alertaron al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) sobre inconvenientes en la entrega de seguros de vida y servicios exequiales a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y de los programas para adultos mayores y personas con discapacidad.

Al ser el MIES el ente rector del  Programa de Protección Social (PPS) que acoge a este sector vulnerable de la sociedad, la titular de la cartera de Estado,  Ximena Ponce, remitió la queja a Seguros Sucre, empresa contratada  para la provisión de pólizas de vida y servicios mortuorios.

Tras analizar la situación, Seguros Sucre resolvió prescindir del contrato de servicios exequiales con su proveedora Seprofin, la cual cuenta con cuatro funerarias para atender a todo el país. Mientras  Sucre procedió de esa manera, el MIES monitorea permanentemente a la aseguradora para evitar incumplimiento.

“Chequeamos que todas las cláusulas del contrato se cumplan, incluso con el cambio de operadora de los servicios funerarios. El contrato con Sucre vencerá en diciembre, si incumplen no dudaremos en hacer correctivos”,  manifestó Ponce.

La secretaria de Estado comentó que para evitar que el servicio colapse, el PPS cruzó la base de datos con la aseguradora. Además se amplió el horario de atención del call center, de 07:00 a 22:00, con el objetivo de que los ciudadanos consulten cómo acceder a la póliza de vida y a los servicios funerarios.

“Se ha comunicado sobre el programa a 1’800.000 beneficiarios. Además hasta el 30 de septiembre se han atendido a las familias de 27.836 fallecidos”, precisó.

Una de las cosas que también le llamó la atención a la funcionaria fue el retraso de parte de Seguros Sucre en   la entrega de cheques de las pólizas de vida, por 500 dólares,  a los familiares de los fallecidos.

“Hemos insistido a la aseguradora para que el trámite de los seguros de vida sea más ágil”, afirmó. 
En tanto, Santiago Cuesta, gerente general de Seprofin, insistió en que Seguros Sucre no cumple con el pago de los 500 dólares a más de 20.000 familias.

Añadió que Maximiliano Donoso “ha cometido el delito de prevaricato al incumplir la resolución del  juez Sexto de lo Civil del Guayas”, quien lo destituyó del cargo de gerente general de Seguros Sucre y pidió la restitución de Seprofin.

Frente a este hecho, Ponce señaló que el rol del MIES -en este caso- se reduce a informar a la gente sobre el programa y expresó que los conflictos legales entre la aseguradora y sus proveedores es un asunto que ellos deben resolverlo.