El apoyo a las familias de escasos recursos económicos, a través del Bono de Desarrollo Humano, estará condicionado al bienestar de los hijos y el deseo de las madres de iniciar proyectos de emprendimiento.

La ministra de Inclusión Económica y Social, Doris Soliz, explicó que el propósito de la entidad es pasar de una política clientelar a otra que garantice derechos.

Recordó que, en los gobiernos anteriores, el INFA era una ONG privada manejada por la esposa del Jefe de Estado sin una política clara, en la que las donaciones provenían del exterior y no había una rectoría del Estado.

El primer paso, explicó la funcionaria, fue convertir el INFA en un ente público que prevalezcan los derechos de los niños. A lo que se suma  una política de impulso a la economía popular y solidaria que les permita a las familias salir de la pobreza.

Por lo tanto, explicó, las madres que reciben esta transferencia de recursos deben llevar a sus niños a la escuela y a los centros de salud para garantizar su bienestar. Para ello, también se trabaja en el mejoramiento de los servicios públicos, partiendo desde las guarderías: “acabaremos con los servicios para pobres. Empezaremos con los centros de desarrollo infantil para que mejoren las capacidades cognitivas de los niños de 0 a 3 años”.

Paralelamente, se desconcentrará la atención a los infantes entre las distintas carteras de Estado, de modo que a partir de los 4 años de edad la formación será responsabilidad del Ministerio de Educación.

En los últimos cinco años, 500.000 niños dejaron de trabajar y volvieron a la escuela, pero aún hay 213.000 que se dedican a estas labores, por lo que la meta es erradicar el trabajo infantil en los mercados, camales y del comercio informal hasta 2015.

La prioridad es sacar a los infantes del trabajo en condición riesgosa, un proceso que dependerá de la   corresponsabilidad de las familias y de los niveles de gobierno. Por lo que habrá más controles para garantizar que estas medidas se cumplan.