El proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social fue objetado parcialmente por el Ejecutivo en una de las disposiciones transitorias incorporadas por la Asamblea.

El texto enviado por el presidente Rafael Correa ratifica la rectoría del Estado en la “regulación, administración, operación, monitoreo y pago” del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y dispone que el Ministerio responsable de la inclusión social, dentro de su estrategia territorial, fortalezca su acción en las zonas de frontera y región amazónica.

También establece que, conforme a la normativa correspondiente,  priorice como beneficiarios del subsidio a los adultos mayores y personas con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

El proyecto de ley financiará el incremento del BDH de 35 a 50 dólares a partir de enero de 2013 con recursos de la banca, pues elimina la exoneración del 10% en el pago del Impuesto a la Renta para el sector y grava con un 12% del IVA los servicios que presta el sistema financiero, entre otros ajustes. La Legislatura tiene 30 días de plazo para dar trámite a la  objeción presidencial.