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Legalizar la marihuana, ¿la única vía?

Siempre y cuando no pesen los prejuicios y los moralismos, el debate abierto exige mucha sabiduría y hasta imaginación para colocarlo como uno de los que más tiempo ha tomado a la sociedad, al planeta, ante unas urgencias que comprometen a varios fenómenos.

La madurez social para abordar estos temas dirá también cuánto implica, cuesta, afecta o beneficia a la ciudadanía. Si, por el contrario, saltan sobre el tapete fundamentalismos y/o argumentos arcaicos, no tiene sentido ni siquiera sentarse a conversar.

Es muy cierto lo que ha dicho Alexis Mera (y no es el único, ni aquí ni en el exterior), que la guerra contra las drogas ha fracasado. Y quizá, más allá de esa declaración, hay datos, evidencias y estudios serios que revelan la imposibilidad de acabar con un “negocio” sin considerar las causas y resortes de su existencia.

Igualmente hay muchos estudios que prueban que más muertes, incidentes, enfermedades (incluidas las sociales) y hasta crímenes son producto del alcohol antes que por el consumo de  marihuana. Solo en Quito la mayor causa de fallecimientos es por accidentes de tránsito, y muchos de ellos por choferes en estado etílico.

Ahora bien, si hasta la OEA pone en su agenda el tema, quiere decir que la situación ha llegado a un nivel en el que las políticas nacionales no son suficientes, que el delito transnacional “gobierna” a muchos regímenes y Estados.

Por lo mismo, la legalización no puede ser la única vía. Si bien coadyuva a resolver problemas puntuales, que tienen que ver más con salud pública, hay que tomar otras medidas. La principal: mayor información sobre el tema, sobre las características del uso y consumo de la droga menos dañina de todas y que, además,  contiene muchas simbologías.

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Posteriormente, el informe llegará al Pleno de la Asamblea para una decisión definitiva.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la solicitud de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La acusación se relaciona con una presunta responsabilidad política en el caso Progen. El trámite pasa ahora a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.