A mediados del año 2007 se estableció que la empresa Dierikon S.A. era la última propietaria de la hacienda Zulay, ubicada en Pastaza, por lo que debía asumir el pago de una deuda por un crédito  que, en ese entonces, sumaba aproximadamente 1,5 millones de dólares.

Esto porque Filanbanco, uno de los anteriores propietarios, no había cumplido con la cancelación del préstamo estatal.

En tales circunstancias, el fideicomiso AGD No Más Impunidad, establecido para recuperar dinero público y de los depositantes, comprometido durante la crisis bancaria,  inició un proceso judicial de expropiación del terreno un año más tarde. Pero el litigio aún no ha podido ser resuelto.

Entre tanto, en el predio, cuya extensión supera las 1.200 hectáreas, estarían asentadas más de 5.000 personas, quienes integrarían 12 organizaciones de diversa índole. Todos aducen que son de escasos recursos  y afirman ser los propietarios de sus lotes.

Los invasores han construido covachas de madera con techos de zinc y han parcelado los lotes para el cultivo de yuca, maíz y otros productos que les sirven para su alimentación diaria. También, mediante mingas han abierto senderos para acceder al interior de la hacienda.

Ante la situación, la gobernadora de Pastaza, Denise Coka, y el jefe político del cantón del mismo nombre, Jorge Paredes, mantuvieron, días atrás, una reunión con los ocupantes. En la cita les dijeron que no se permitirán asentamientos ilegales y les pidieron que abandonen el sitio voluntariamente, pues solo aguardan una resolución judicial para desalojarlos.