El informe anual de AI sobre el derecho de los pueblos indígenas en Ecuador, manifiesta: “En julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó que Ecuador no consultó a la comunidad indígena de Sarayaku (Pastaza) con respecto a un proyecto petrolífero que se iba a llevar a cabo en su territorio”.

“La Corte ordenó al Estado que, entre otras medidas, retirase o desactivase explosivos enterrados en el territorio de Sarayaku, consultase a las comunidades sobre cualquier proyecto futuro de desarrollo que les pudiera afectar y adoptase medidas para materializar el derecho a la consulta de todos los pueblos indígenas”.

“En noviembre salió a concurso público la exploración petrolífera de la región del Amazonas; causaba preocupación el que no se hubiera consultado a las  comunidades”.

“En un informe publicado en agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, expresó su preocupación por la inexistencia de un proceso regulado y sistemático de consulta con los pueblos indígenas sobre cuestiones que les afectaban, como la extracción de recursos naturales”.

Sobre la libertad de asociación, el informe señala: “Líderes indígenas y campesinos se enfrentaron a cargos infundados de terrorismo, sabotaje y homicidio, y se los sometió a procesamiento penal, detención arbitraria y estrictas condiciones de libertad bajo fianza, con el fin de disuadirlos de expresar su oposición a leyes y políticas gubernamentales. En la mayoría de casos, los jueces desestimaron los cargos... sin embargo al concluir el año 3 líderes campesinos e indígenas seguían siendo procesados y  otros 3 fueron  declarados culpables y condenados a breves períodos de prisión...”.