El movimiento indígena y el Gobierno tienen los mismos puntos de análisis en su agenda. Según Luis Maldonado, presidente del Centro de Estudios para el Buen Gobierno Sumak Kawsay, los dos sectores coinciden en la necesidad de contar, por ejemplo, con una reforma agraria (Ley de Agua y Tierra), sin embargo, discrepan en la manera en cómo conciben estos temas.
Maldonado considera que un diálogo es fundamental y necesario para la estabilidad del Estado y el país. “Es un principio fundamental para la democracia”.
El analista kichwa Germán Muenala sostiene la necesidad de que se debatan las posiciones. Opina que todo diálogo es fructífero, “siempre y cuando se pongan puntos en la agenda de diálogo”. Argumenta que toda conversación es necesaria para resolver temas pendientes y contribuir a la formación del Estado Plurinacional.
Para Maldonado, uno de los puntos fundamentales en la agenda es la concepción del Estado Plurinacional, los reconocimientos de los derechos individuales y colectivos y el Sumak Kawsay. A pesar de que en la Constitución de 2008 el gobierno del presidente Rafael Correa incluyó los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades (capítulo cuarto del título II), incluyendo en el capítulo IV un numeral sobre justicia indígena. El régimen aprobó también el Plan Nacional del Buen Vivir.
Muenala considera que el Gobierno avanzó en temas sociales, pero que se debe iniciar un mayor fortalecimiento, a través de la política pública.
Luis Contento, exvicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Kichwas del Ecuador (Ecuarunari) dice que “no se puede estar de espaldas entre ecuatorianos. El presidente es para todos los ecuatorianos, así como tributamos nos merecemos una asistencia para nuestras comunidades”.
Afirma que el movimiento indígena debe ceder a un diálogo, pero planificado. Por ello, las comunidades indígenas integrarían comisiones para trabajar en una agenda conjunta. Marco Guatemal, actual vicepresidente de la Ecuarunari, informó que el diálogo se trabajará por tres meses, luego de lo cual se realizará una nueva reunión de las organizaciones que son parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Contento expresa que la agenda de trabajo entre estos dos sectores debe abordar temas como la legislación secundaria (Ley de Aguas y Tierra y justicia indígena), así como los perseguidos judiciales y procesados y las instituciones indígenas. “Para nosotros es necesario saber cómo van a quedar, luego de que la Constitución pone en vigencia a los Consejos de la Igualdad, en donde creemos que se estarían perdiendo nuestras instituciones”.
Contento se muestra a favor de un acercamiento. “Urge el diálogo, pero no debe ser improvisado”.
En octubre de 2009, los movimientos indígenas decidieron romper el diálogo con el Gobierno. En esa época dirigentes como Marlon Santi, quien ejerció la presidencia de la Conaie, decidió romper cualquier tipo de acercamiento porque, a su criterio, “no se modificó el Estado colonial y se siguió fortaleciendo el modelo neoliberal capitalista”.
En 2009, las filiales de la Ecuarunari y de la Amazonía, así como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) mantuvieron una posición más radical y apoyaron el rompimiento del diálogo; mientras, la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice), regional del Litoral, manifestó su interés de continuar el proceso. Hoy, cuatro años después, el escenario cambia y quienes proponen mecanismos de acercamiento son principalmente los indígenas de la Sierra y la Costa.
Manuel Ainaguano, coordinador regional de Sierra Centro, precisa que las bases son las que piden un acercamiento desde hace dos meses atrás y que la organización no debe estar en constante oposición, sino más bien tejer caminos de diálogo.
Contento cree tener una respuesta de por qué -cuatro años después- las organizaciones indígenas apuestan por el diálogo. “Realizamos una evaluación del Gobierno y en estos cuatro años no hubo logros para el sector indígena, porque no ha habido diálogo. Han perdido el Gobierno y los indígenas”. El exdirigente cree que en este nuevo acercamiento no se debe pedir dádivas sino trabajar en políticas públicas.
En este sentido, Maldonado manifiesta que el ejercicio de los derechos colectivos en relación a las autonomías y las jurisdicciones es otro de los temas que se debe incluir en la agenda.
“No hablamos de un sector social que reivindica necesidades básicas, sino derechos políticos”. Asegura que todavía persiste el racismo y la exclusión y por ello buscarían reducir los niveles de pobreza, sobre todo las desigualdades, desde el punto de vista étnico, de acceso a la educación.
Para Maldonado, otro de los puntos que se debe analizar son el conocimiento y los saberes indígenas, que “como no tienen espacio en el proceso de educación quedan excluidos, el Estado reproduce la exclusión de los saberes ancestrales”.
Muenala explica que la dirigencia tiene algunos matices: por un lado, hay gente que vive de un oportunismo sin propuestas claras, y otros que no tienen propuestas para que sean resueltas en el marco de un acuerdo político y de ejecución.
De su experiencia, la mayoría de dirigentes está a favor de un diálogo, “pero al haber un dirigente disidente o un ala dura hay que entender que se debe seguir en los mecanismos de diálogo”.
Reitera que “el ala dura tiene su propia agenda, resoluciones concretas en temas sensibles”.
Juan Martínez, analista en temas indígenas, cree que este es uno de los momentos más favorables para lograr un diálogo entre ambos sectores. Argumenta que un diálogo no significa ceder posiciones, sino más bien “entender las diferencias y saberlas procesar de manera civilizada y no conflictiva”.
A su criterio, de concretarse el diálogo, “se consolidaría el proceso político de Correa y se cerraría un punto frágil que ha sido su relación con el mundo indígena”.
Para él, Correa lograría consolidar su régimen que “no sería posible sin la participación de los pueblos indígenas”. Por otro lado es firme: “Sin un diálogo, el movimiento indígena puede fraccionarse, los pueblos necesitan fortalecer su participación política, que no está rota sino que se detuvo”. Por ello cree que el proceso también sería de “recuperación” para los movimientos indígenas. “En el interior del Gobierno hay gente muy próxima al movimiento indígena, existe una verdadera esperanza porque el encuentro se dé, cerraría un ciclo y un nuevo rumbo para el movimiento indígena, sería de alegría”, sostiene Martínez.
Este diario intentó conversar con la Secretaría de la Política para conocer la postura del Gobierno frente a una tentativa de diálogo, sin embargo, la entidad aclaró que aún no se analiza el tema.