Los ministros de Ambiente y Recursos Naturales No Renovables, Marcela Aguiñaga y Wilson Pástor, respectivamente, defendieron hoy el operativo militar, realizado la semana pasada y que destruyó 67 máquinas para frenar la minería ilegal en el norte de la provincia de Esmeraldas.

"Por qué a nadie le llama la atención lo que va a pasar con las vidas humanas de los pobladores que están tomando agua absolutamente contaminada con arsénico, donde hay destrucción a la calidad de vida (...)", cuestionó Aguiñaga durante una rueda de prensa.

 Los funcionarios indicaron que apoyarán a los verdaderos mineros artesanales de los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, pero que las grandes empresas ilegales que causaron daños ambientales en la zona serán demandadas y deberán pagar por la remediación ambiental.

"(...) Llevar adelante la cuantificación de los pasivos ambientales que van a haber en la zona, que también el Estado tendrá que demandarlos a quienes lo hayan causado", dijo Aguiñaga.

"No vamos a permitir que se considere al Ecuador como un país tierra de nadie y vamos a poner orden", agregó Pástor.

Ayer, las autoridades mantuvieron una reunión en Quito con los mineros afectados.

Una comisión formada por Plan Ecuador, el Viceministro de Minas y representantes de los pequeños mineros de San Lorenzo y Eloy Alfaro, estudian procesos de minería responsable.

En un plazo máximo de seis meses serían regularizados.

En tanto que en Pastaza, el Ministerio de Ambiente clausuró dos minas en la que se realizaba la explotación de manera antitécnica y sin los permisos correspondientes.