Patricio Valenzuela, del departamento jurídico de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), no teme que tenga mayor eco la contrademanda entablada por Globalnet en contra del Estado ecuatoriano por $ 32 millones.

Para decir aquello se ampara en dos aspectos: que existe en el Ecuador una sentencia con mandato de ejecución en contra de Globalnet y que ese consorcio boliviano no podrá probar que invirtió en el Ecuador, ya que no inscribió en el Banco Central (B.C.) tales inversiones, en caso de que lo hubiera efectuado.

Para demandar el arbitraje internacional, Globalnet aduce que el país violó el Tratado de Inversiones suscrito entre Ecuador y Bolivia. “No puede haber protección de ese convenio en este caso porque Globalnet incumplió la formalidad de inscribir sus inversiones en el BC”, dijo Valenzuela.

Ante una posible indemnización millonaria que deba  pagar el país en caso de que el arbitraje le sea favorable a Globalnet, Juan Carlos Solines dijo: “Yo debo tener la conciencia tranquila frente a mis actos, no frente a lo que el Estado pague o no pague, frente a los errores que cometió o no el Estado”.