Cinco millones de dólares deberá pagar la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), luego de que  la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas sentenció en junio pasado a favor de un grupo de ex trabajadores y jubilados de la entidad.

Los demandantes consiguieron fallos favorables en las dos instancias del proceso, pero aún   no se concreta la cancelación de los valores para las 150 personas porque la APG presentó una acción de protección. Autoridad Portuaria enfrenta otras demandas por distintos montos iniciadas por ex colaboradores.

El gerente de la institución portuaria, Vicente Pignataro, aseguró que durante toda la sustanciación del juicio fueron detectadas varias  irregularidades.

Explicó que la causa recayó en primera instancia en el Juzgado Cuarto de Garantías Penales, cuyo titular era Jorge Mestanza. “Lo anómalo es que un fallo suyo, en el caso, se dio cuando ya había sido removido del cargo”.

Tras la presentación de un recurso de apelación, el juicio pasó a la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito integrada originalmente por los magistrados: Eduardo Guerrero Mórtola, Primo Díaz Garaicoa y Juan Carrión Maldonado, ante quienes se efectuó la audiencia de estrados el pasado 16 de marzo.

El 8 de abril fue dictado el fallo definitivo en segunda instancia por parte de Guerrero Mórtola y los jueces: Alberto Palau Jiménez y Manuel Lucas Franco, quienes, según el gerente de la APG, son ajenos al proceso y cuya intervención no está administrativa ni procesalmente justificada. Pignataro manifestó que la institución no tiene fondos para cancelar esa elevada cantidad y recordó que el presupuesto anual para inversiones, pagos y otros llega a los 40 millones de dólares.