El CNE aprueba las 31.800 firmas que piden Ley de Tierras
El Consejo Nacional Electoral (CNE) revisó ya las firmas que entregó el 20 de marzo la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) a esa entidad, sobre la Ley de Tierras.
Según Luis Andrango, presidente de la Fenocin, sólo 31.800 firmas de las 41.780 que presentaron fueron avaladas. Explicó que en 3.000 firmas, por ejemplo, los ciudadanos no constaron como empadronados, otras 1.000 no correspondían a los rangos de edades para poder sufragar y cerca de 1.400 resultaron repetidas en el padrón.
Una vez que el CNE obtiene el informe favorable, remitirá su resolución al Consejo de la Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, quien tendrá que calificar el proyecto y enviarlo a una comisión especializada.
Al ser una propuesta de iniciativa ciudadana, la Asamblea tiene 180 días para aprobar la normativa.
Romelio Gualán, representante de la Coordinadora Campesina Eloy Alfaro, comentó que ahora trabajarán por la inclusión de una agenda programática de tratamiento de la normativa en la Asamblea.
Por ello, manifestó que las comunidades y pueblos proponen que los representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas puedan acogerse a la “silla vacía”, con lo cual buscan ser proponentes de los cambios en la normativa al interior de la Asamblea.
Gualán enfatizó que esperan que el CAL remita la Ley a la Comisión de Gobiernos Autónomos, presidida por Virgilio Hernández. “Es la mesa más adecuada para tratar una normativa tan importante que beneficia a los pueblos y nacionalidades”, dijo.
Como otra de las tácticas, el dirigente precisó que buscarán acercamientos con representantes de los diferentes bloques y partidos legislativos para unir acuerdos y consensos: “Buscamos que está ley sea aprobada con mayor apoyo de los legisladores”. Por ello, no descartan acercamientos con bancadas como Pachakutik, “porque sabemos que esta ley es un anhelo de los pueblos”.
Gualán recordó que las firmas responden a un mecanismo de iniciativa ciudadana que hace que el tratamiento del proyecto sea de “mandatorio cumplimiento”.
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