Dirigentes piden investigar el contexto de la actividad petrolera
Como “grosera” calificaron exfuncionarios petroleros, políticos y dirigentes sindicales a la intervención de Texaco (Chevron) en las decisiones del gobierno de Osvaldo Hurtado Larrea, al revelarse que un alto directivo de la transnacional informó a la casa matriz que “instruirán” a los ministros y al gobierno, y que seguirían utilizando “las influencias con funcionarios para conseguir los beneficios necesarios”.
La denuncia de la intervención de la compañía la hizo el presidente Rafael Correa, durante un Enlace Ciudadano.
Un documento de Texaco (ver facsímil), revelado por Correa afirmaba: “Las relaciones de Texaco con el gobierno ecuatoriano y la compañía estatal CEPE (luego Petroecuador) han mejorado durante la segunda mitad de 1981 y los primeros siete meses de 1982”. El periodo al que hace referencia la empresa extranjera coincide con la llegada al poder de Hurtado.
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Hablar de “instruir a un funcionario es una grosería de parte de quien firma esa nota”, dijo el ex asambleísta Rafael Dávila, quien consideró necesario revisar todo el contexto de la actividad petrolera de ese entonces para obtener información sobre quiénes eran los ministros de Energía y determinar si beneficiaron o no a la empresa (Texaco/Chevron), en perjuicio del país.
José Gualinga, presidente de la comunidad Sarayacu, consideró que fue “una grosera intervención de Texaco en las decisiones soberanas del país”. En su opinión, siempre las transnacionales y potencias mundiales han sido las que han mandado.
Y aseguró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) imponía las medidas económicas y el Banco Mundial (BM) trazaba las estrategias para las privatizaciones.
El dirigente sindical Mesías Tatamuez también rechazó el pronunciamiento suscrito por el ex directivo de la petrolera, que operó en Ecuador durante 22 años: “Ganamos el juicio a la transnacional, pero los gobiernos no han hecho respetar la decisión”, apuntó el sindicalista y recordó que varios abogados ecuatorianos han “defendido a muerte a las empresas petroleras”.
En cambio, el exvicepresidente de Petroecuador, Víctor Hugo Jijón, al ser consultado por EL TELÉGRAFO sobre este tema, manifestó que los contactos son una tradición en las relaciones entre las empresas y los gobiernos, en Ecuador y en otras partes del mundo. Añadió que es necesario solicitar pruebas completas para sustentar lo afirmado por el Primer Mandatario.
Mientras que, para el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Humberto Cholango, los gobiernos neoliberales se “han vendido y favorecido a las transnacionales, tanto en el caso de Texaco como de Occidental, que demandó al Estado ecuatoriano por la caducidad del contrato del bloque 15”.
El litigio ganado a la petrolera Chevron (Texaco) por comunidades indígenas y colonos de Sucumbíos y Orellana, se basó en el reclamo por el derrame de 16,8 millones de galones de petróleo y unos 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas arrojados al suelo y ríos; y la quema de 235 mil millones de pies cúbicos de gas.
Y pese a las pruebas presentadas, la compañía estadounidense acusa al Gobierno ecuatoriano de manipular a la justicia para obtener un fallo favorable. En esa campaña, Chevron no ha medido gastos.
No obstante, el presidente Correa aseguró que Chevron no tiene ninguna evidencia de que el Ejecutivo haya intervenido en el juicio y cuestionó que la compañía quiera hacer creer a escala internacional que una reunión con los grupos afectados constituye una prueba.
Por otro lado, Chevron no se ha referido a sus influencias y a las de Texaco sobre anteriores gobiernos como el de Hurtado, pese a la existencia de pruebas como la carta interna de la propia empresa revelada por Correa.
“Cómo no van a estar molestos con la Revolución Ciudadana donde no hay opción a estas sinvergüencerías e influencias”, remarcó el Mandatario.
Afectados denuncian persecución de Chevron
Mediante plantones y declaraciones a la prensa, la semana pasada los dirigentes y abogados de las comunidades de la Amazonía ecuatoriana afectadas por la contaminación de Texaco-Chevron, pidieron la protección del Estado frente a tres tipos de persecuciones de las que estarían siendo objeto.
A la Corte Nacional de Justicia, en Quito, llegaron los denunciantes con carteles, globos negros y vestimenta que representaba a la muerte para exigir justicia y que la compañía Chevron detenga la persecución.
Pablo Fajardo, abogado de los demandantes de la petrolera, afirmó a EL TELÉGRAFO que el acoso que sufren “por parte de Chevron Corporation” se ha acentuado y que tienen tres vías de ejecución: “persecución cibernética-informática a nuestras cuentas electrónicas y con llamadas telefónicas”; acoso judicial, pues Chevron ha planteado acciones legales contra los dirigentes y abogados; y persecución física. El jurista continúa realizando las gestiones para que la petrolera cumpla la sentencia.
Datos
Texaco, que operó durante 22 años en Ecuador, tuvo presencia en cinco millones de hectáreas del nororiente amazónico, en las provincias de Sucumbíos y Orellana.
La compañía estadounidense, según estudios, derramó 16,8 millones de galones de petróleo en el ecosistema del área en donde extrajo petróleo. Más de 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas fueron arrojados a los suelos y aguas, y 235 mil millones de pies cúbicos de gas se quemaron en el aire.
Pese a las pruebas y estudios, la compañía acusa al Gobierno ecuatoriano de, supuestamente, manipular la justicia para obtener un fallo favorable.