Según Juan Carmigniani, abogado de Pedro Delgado, existe la orden de no devolver el pasaporte “ordinario” a su defendido, quien fue presidente del Banco Central del Ecuador y salió del país tras reconocer que falsificó su título universitario.

En su cuenta en Twitter, el representante legal escribió: “Cónsul en Miami, Eduardo Rivadeneira, manifestó que pasaporte ordinario de Pedro Delgado está en poder de embajadora Cely, y que no va a ser entregado”.

Posteriormente, Carmigniani insistió en su denuncia con un mensaje a Nathalie Cely, embajadora de Ecuador en Estados Unidos. Frente a eso ella contestó: “Estimados, no existe ninguna orden de retener pasaportes a nadie. Cuando ellos entreguen, como debe de ser, todas sus credenciales diplomáticas como placas y licencia (consulado tiene que firmar recepción) se los entregarán”.  

El abogado entonces replicó y aseguró que ayer fue al Consulado de Miami a dejar los pasaportes diplomáticos, para que se les entregue el ordinario, pero el cónsul se rehusó.  

Entonces, la embajadora indicó que “tiene que entregar todas las placas diplomáticas y la licencia... Usted conoce bien las leyes”. El patrocinador de Delgado dijo que ese trámite lo realizarán el miércoles “con cámaras y notarios”.

Pero Carmigniani inquirió que las placas se entregan al Departamento de Estado, lo que fue rebatido por Cely. El abogado preguntó si Rivadeneira mintió al afirmar una supuesta orden de la embajadora.

Cely aclaró que no iba a entrar en “entredichos” y pidió al jurista coordinar con el funcionario Efraín Bauss cualquier duda.

Antes de la discusión, Carmigniani reveló una supuesta propuesta de la embajadora Cely transmitida por el cónsul Rivadeneira que consistía en que Pedro Delgado retorne al país a cambio de que se emitan “medidas sustitutivas”.

Delgado está acusado en la Fiscalía, por parte del asambleísta Enrique Herrería, de falsedad ideológica por la falsificación de un título de economista, con la que obtuvo una maestría en Costa Rica.    

Delgado siempre negó la acusación hasta que reconoció su validez en vísperas de Navidad del año pasado luego de que el presidente Rafael Correa ordenara una investigación interna. Ahora el ex funcionario se declara perseguido político.