La Corte Constitucional resolvió dejar sin efecto las sentencias emitidas por el Juzgado Quinto de Trabajo y la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas que dispusieron el uso de $ 1’248.000 de la Prefectura, que estaban en custodia del Ministerio de Trabajo, para indemnizar a un grupo de supuestos extrabajadores tercerizados, que argumentaban un aparente incumplimiento de la institución al Mandato No. 8 de la Asamblea Constituyente.

La resolución fue adoptada por unanimidad por los jueces del pleno de este organismo: Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote y Wendy Molina Andrade.

Todos ellos conocieron y analizaron la acción extraordinaria de protección que presentó el Gobierno Provincial ante los fallos judiciales que se derivaron de la acción de protección que planteó en 2010 un grupo de supuestos extrabajadores tercerizados, argumentando que la institución incumplió la disposición transitoria primera del Mandato Constituyente No. 8, que puso fin a la intermediación o tercerización laboral.  

En la sentencia los magistrados establecen que se vulneró el derecho al debido proceso porque las sentencias no fueron debidamente motivadas.

En su razonamiento, los jueces concluyen que la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas violó el derecho a la seguridad jurídica al desechar la apelación de la Prefectura.