El reportaje publicado por El Telégrafo el 28 de junio pasado, sobre el proceso penal que se sigue en contra del ex alcalde de Quito,    Paco Moncayo,  y otros ex colaboradores que suscribieron  una Garantía Municipal como parte del contrato de concesión del nuevo aeropuerto que se construye en Tababela, ha generado diversas reacciones.

El  ex  director ejecutivo de Corpaq, Diego Pachel,   negó que el documento, firmado en junio de 2005, constituya un compromiso financiero como asegura la  Contraloría General del Estado (CGE), según la cual  se comprometieron bienes municipales.

En una carta enviada a este Diario, Pachel señaló  que el Municipio garantizó a la Corpaq los compromisos relacionados con “seguridad jurídica y cumplimiento de resoluciones y acciones, como las de otorgar los permisos de construcción y retirar las antenas de la estación de radio HCJB (...) y otras de similar naturaleza” sin  violar ninguna norma, por lo que no hay ningún riesgo para los bienes de la ciudad.

A través de una carta, la  CGE recordó   algunos de los compromisos  garantizados por el Municipio  a  Corpaq como asumir la deuda del concesionario (Quiport) con los prestamistas e indemnizar, reembolsar, pagar o liberar de otra forma de responsabilidad al concesionario por cualquier pérdida u otros montos.

Los involucrados fueron sobreseídos provisionalmente, pero el fallo definitivo lo emitirá en estos días  la Primera Sala Penal de Pichincha.