La Procuraduría General del Estado contrademandó a la petrolera norteamericana Burlington Resourses Inc. por daños ambientales y por el mal estado de  los bloques 7 y 21 en la región amazónica del Ecuador.

La transnacional inició en el 2008 un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (Ciadi), debido a la promulgación de la Ley 42 (que incluye al Estado ecuatoriano en los ingresos extraordinarios por el aumento del precio del crudo) y sus efectos en el Contrato de Participación y Producción de los bloques 7 y 21 del cual era parte  con la compañía Perenco.

La primera contrademanda  se basa en pasivos ambientales en los bloques 7 y 21, determinados en auditorías técnicas hechas por expertos internacionales.

Con este antecedente, la Procuraduría solicitó al Tribunal Arbitral que declare a Burlington responsable de esos daños y condene a la empresa a su reparación por $ 488 millones.

La otra contrademanda pretende que la misma corte culpe a la petrolera por el “deficiente y pobre estado”  de los bloques, a consecuencia del mal estado de la infraestructura y los equipos.

En este caso, se busca que la empresa indemnice al Estado por los costos en los que debió incurrir para recuperar la operación funcional. Esta pretensión asciende a $ 16 millones.