Luego de una modificación en el orden del día, el pleno del Consejo Provincial de Guayas resolvió respaldar al prefecto Jimmy Jairala, a la viceprefecta Mónica Becerra y al alcalde de Balao, Luis Castro, frente a los incidentes ocurridos la semana pasada en el recinto Abdón Calderón, un territorio en disputa entre esta provincia y Azuay.

El orden del día constaba de 6 puntos, entre los que se incluía el conocimiento del presupuesto para el año 2015 calculado en $ 277 millones, que debería ser analizado en primer debate por los consejeros.

El alcalde de Pedro Carbo, Ignacio Figueroa, propuso incluir en el orden del día, como séptimo punto, la moción de respaldo. En ese instante no solo intervino Figueroa, sino también Castro y el burgomaestre de Simón Bolívar, Johnny Firmat.

Figueroa consideró que la resolución debe ser de total apoyo a las autoridades de Guayas. Insistió en que los diálogos con las autoridades azuayas para solucionar el problema limítrofe se deben realizar en paz.

La moción fue apoyada por los 21 consejeros que asistieron a la sesión. El Prefecto recomendó que la Comisión de Legislación de la Prefectura redactara el documento que luego será conocido por los alcaldes y difundido en los medios de comunicación.

Figueroa aseguró que la semana pasada la viceprefecta Becerra y personal del Consejo Provincial del Guayas fueron agredidos por un grupo de personas que se consideran parte de Azuay, lo que dijo es una “falta de respeto al Consejo y a la provincia”.

Castro recordó el incidente cuando la maquinaria de la Prefectura no pudo iniciar los trabajos de adoquinamiento en esa localidad, pese a que ya había un preacuerdo con la Prefectura de Azuay.

Por su parte, el alcalde Johnny Firmat insistió en que el tema debía ser atendido por la Comisión Nacional de Límites de la Asamblea Nacional para poner fin a los problemas entre ambas provincias.

Previamente, el consejo aprobó, en primer debate, la ordenanza de presupuesto de la Prefectura para el año 2015 fijado en $ 277 millones.

La Comisión de Presupuesto estableció que el ingreso corriente sea de $ 43 millones; el ingreso de capital de $135 millones y el financiamiento de $ 98 millones.   

El valor se distribuye así: $ 45 millones para servicios generales y el resto para inversión en obras públicas en Guayas.