Doce integrantes tendrá la Comisión Integral Ciudadana para la Auditoría de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones (TBI) y del Sistema de Arbitraje Internacional, que trabajará durante ocho meses en el análisis de los impactos de estos instrumentos en el país.

La institución estará conformada por cuatro representantes del Ejecutivo que corresponden a las secretarías Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Ministerio Coordinador de la Política, Cancillería y Secretaría Jurídica de la Presidencia.

Otros cuatro serán expertos o investigadores internacionales provenientes de organizaciones de la sociedad civil. El resto procederá de las organizaciones y movimientos sociales con experiencia en derecho internacional, de inversiones o arbitraje internacional. El presidente y vicepresidente serán elegidos por mayoría, una vez que los 12 integrantes se posesionen.

Según el decreto ejecutivo, que firmó el presidente Rafael Correa el 6 de mayo, entre las funciones del organismo están definir una metodología para realizar una auditoría integral de cada uno de los TBI, disposiciones en materia de inversiones en instrumentos internacionales, las cláusulas de sometimiento a arbitraje internacional y de las reglas procesales para la determinación de los impactos, inconsistencias e irregularidades que hayan provocado para el país dichos acuerdos.

Así, también se analizarán los instrumentos que hayan dado o puedan dar lugar a arbitrajes internacionales para solucionar controversias, a fin de detectar deficiencias contenidas en las actuaciones, laudos y decisiones de los órganos jurisdiccionales extranjeros. En estos casos se establecerán los antecedentes jurídicos y fácticos, el impacto social, económico, ambiental y jurídico.

También se determinarán las obligaciones que se hayan derivado o puedan derivarse para el Estado ecuatoriano, las disposiciones y cláusulas específicas que padezcan de inconsistencias o se consideren inconformes con el derecho ecuatoriano y el derecho internacional público. Así como si en dichas actuaciones hubo conflictos de intereses.

La comisión podrá determinar indicios de responsabilidad civil, penal y administrativa y puede proponer medidas jurídicas y políticas alternativas.