Galo Chiriboga, fiscal general del Estado,  señaló que de las 204 denuncias mencionadas por los dirigentes, hay 33 procesos.  “Todos serán revisados a profundidad y resueltos conforme a la ley. Lo importante es darle una respuesta a las demandas del pueblo indígena”, dijo el funcionario.

Sobre el tema, Betty Tola,  ministra de Coordinación de la Política, señaló que  hay un documento  realizado por la  Defensoría del Pueblo,  que actualmente está  encaminado por el defensor Ramiro Rivadeneira, “que permite ver con claridad que los procesos que se siguen en contra de  distintas personas  no fueron iniciados por el Gobierno, sino que la mayor parte, es decir  más de un 90%, es generada  desde el sector privado”.

A finales de 2011, el ex defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, presentó un informe acerca de la criminalización de la protesta social, que recogió los casos judicializados durante el período 2008- 2010, que fue elaborado por la Cedhu  y Acción Ecológica y que recoge los criterios de los opositores   Alberto Acosta y Gustavo Larrea.