La Asamblea Nacional aprobó este jueves un proyecto de resolución que condena el empleo "ilegal e indiscriminado" del espionaje, en especial, el que habría llevado a cabo el Gobierno de Estados Unidos "en complicidad con compañías trasnacionales, y con otros países, en contra de las naciones, pueblos e individuos".

El Pleno resolvió hoy condenar "el uso indiscriminado e ilegítimo del espionaje para obtener información privilegiada de cualquier naturaleza, que viola el derecho de propiedad intelectual y que podría generar una condición de ventaja ilegítima en negociaciones internacionales de cualquier índole".

La resolución obtuvo los votos afirmativos de 92 legisladores, 17 negativos y 7 abstenciones.

También condena todo tipo de presión e injerencia por parte de un Estado en los asuntos internos propios de otro. En especial son rechazadas las declaraciones del Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, la Presidenta del Sub Comité de Medio Oriente de la Cámara de Representantes y la Secretaría de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., "quienes se permitieron amenazar al Ecuador con represalias comerciales en caso de que nuestro país hiciese uso de su legítimo derecho de considerar y, eventualmente, conceder asilo al ciudadano Edward Snowden".

El texto también reconoce la importancia que tiene la lucha global por respeto a los Derechos Humanos y las libertades civiles, y la preeminencia de éstos, salvo casos excepcionales debidamente justificados, sobre cualquier consideración de seguridad.

Además, se solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador que impulse en el marco de la Unasur una iniciativa multilateral que rechace de manera categórica todo acto que atente en contra de la soberanía y de la seguridad jurídica de los Estados latinoamericanos, con el fin de tomar las prevenciones necesarias para evitar este tipo de actos ilegítimos.

También se pide que se exhorte a los parlamentos del mundo, en especial al Europeo, que se pronuncie con respecto a la flagrante violación del derecho a la privacidad de las comunicaciones, producto del referido espionaje.

Pide que la Cancillería transmita esta resolución al embajador estadounidense en Ecuador, con la finalidad de que sea informada de forma oficial al gobierno de los EE.UU.