La semana anterior, Amnistía Internacional (AI) presentó su informe anual sobre el resultado de la investigación realizada entre 2009 y 2011 en varios países sobre los ataques a la libertad de expresión de colectivos sociales. En ese documento se acusa al régimen ecuatoriano de detener y privar de su libertad a varios dirigentes indígenas y campesinos a través de cargos “infundados”.

No obstante, estos datos son rechazados por especialistas en temas de derechos humanos y funcionarios, al tener presente que AI ni siquiera tiene una sede en el país como para haber reunido información sobre el tema.

Las oficinas de AI en Ecuador fueron cerradas hace 15 años y desde entonces basa sus informes en organizaciones no gubernamentales que operan en el país, que en muchos casos son militantes de oposición, según una nota publicada en el portal electrónico El Ciudadano.

Alexis Ponce, quien se ha desempeñado por 25 años como activista de los derechos humanos, cuestionó la metodología utilizada por AI. En este contexto, identificó a Pablo Cornejo, intermediario de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), la agrupación Inred, Cedhu y el Programa Andino de Derechos Humanos como los medios por los cuales AI sustenta sus “investigaciones”.

Cabe recordar que el Programa Andino de Derechos Humanos elaboró un informe sustentado, de acuerdo a sus propios autores y patrocinadores, en notas de prensa escrita y digital, boletines e informes institucionales. “Como (Amnistía) entró en crisis -ya no tiene sección en Ecuador-, hace que esos informes sean preparados a través de una serie de pequeños informes o mensajes electrónicos que llegan muchas veces desde la oposición”, reiteró Ponce, quien ahora es funcionario de cancillería del Ecuador.

“Ellos en Londres, muy cómodamente, sin darse el lujo de contrastar o preguntar, envían de inmediato acciones urgentes, cartas por miles. Esa es su manera de actuar en todos los países, lo cual es loable, pero más loable sería si primero preguntaran y contrastaran”, agregó el especialista en DD.HH.

Manifestó que le parece “sospechoso y terrible” que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) haya iniciado acciones por crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Rafael Correa, cosa que no hicieron en el pasado en regímenes como el del socialcristiano León Febres-Cordero, o el de  Gustavo Noboa, que reprimieron las movilizaciones de ese colectivo por las medidas económicas.