El informe final de la veeduría internacional, entre otros puntos relevantes, establece que “la vulnerabilidad de jueces en el ejercicio de la jurisdicción puede tener su origen no solo en otros poderes del Estado, sino en sectores económicos corporativos, mediáticos y los propios de quienes sometidos a esa jurisdicción pueden ejercer presión o amenaza para obtener resultados favorables”.

Resalta que también puede tener un origen interno, a través de la puesta en marcha de mecanismos administrativos que afecten la inamovilidad judicial y de la propia función disciplinaria que, si no es ejercida con respeto a la esfera jurisdiccional, se puede convertir en uno de los agentes más perniciosos contra la independencia judicial y de la propia labor judicial.

Por ello se puntualiza que esta potencial injerencia debería ser eliminada, y acogerse un sistema disciplinario pormenorizado, con cláusulas definidas y con prohibición expresa de la aplicación analógica en perjuicio del supuesto responsable.