Decenas de afectados de cuatro empresas inmobiliarias (Visión Constru, Habitavia, Unión Constructora y Portales) marcharon desde el parque El Arbolito hasta la Asamblea Nacional, en Quito, para pedir reformas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), de manera que las sanciones para los estafadores se endurezcan.

El abogado William Aguaguiña y una comitiva integrada por 12 afectados- tres por cada inmobiliaria- se reunieron con los asesores de la Comisión de Justicia, para exponerles sus casos. Mercedes Mogro relató que fue estafada con 7.000 dólares.

Entre las cuatro constructoras sumarían 10.000 afectados.

Aguaguiña, quien se reunirá con el presidente de la Comisión, el asambleísta Mauro Andino, dijo que esperan que en el capítulo de estafas y otras defraudaciones se sancione a quienes captan dinero de manera indiscriminada y no cumplen con sus ofrecimientos.

Los afectados proponen que las penas vayan de 6 a 9 años de prisión por este delito.