Para hoy se ha convocado la audiencia pública en relación a la solicitud de acción extraordinaria de protección presentada por Chevron, en contra del fallo que lo condenó a pagar $ 9.500 millones por daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana durante los 26 años que operó en el país (1964-1990).

La jueza sustanciadora, Wendy Molina, a partir de las 10:00, citó a la Sala de Audiencias de la Corte Constitucional (CC) para tratar el pedido hecho por Adolfo Callejas Ribadeneira, en calidad de procurador judicial de la multinacional Chevron Corporation, el 23 de diciembre de 2013.

Uno de los argumentos que utiliza la petrolera para denunciar la presunta vulneración de derechos constitucionales es que una vez terminadas las operaciones Texaco Petroleum Company (TexPet), subsidiaria de Texaco Inc. (Texaco), la transnacional realizó una remediación que fue avalada por el gobierno de Jamil Mahuad en 1998.

No obstante, un examen especial de la Contraloría, hecho entre enero de 2009 y agosto de 2014, indicó que aún persiste la contaminación ambiental generada por la exploración y explotación antitécnica de Texaco, cuyas acciones adquirió Chevron en 2001. Más de 2 millones de hectáreas fueron afectadas. (I)