La evaluación a los servidores de la Función Judicial prevista para este sábado está en firme pese a los recursos de protección presentados por servidores judiciales.

El vocal del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), Fernando Yávar, afirma que están listos para responder a los recursos, defiende la necesidad de evaluar y niega que haya algún tipo de persecución a la jueza María Leonor Jiménez.

¿Usted es el hombre “duro” de la Judicatura de Transición?
Eso no es cierto, hay tres vocales en el Consejo de la Judicatura. Nuestro trabajo es establecer las políticas generales, no estamos en la minucia, en el día a día, en la carpintería de la dirección, esa es tarea de las judicaturas provinciales. Tenemos preocupaciones mucho más grandes sobre el sistema de políticas públicas, de determinar qué debemos hacer para que el sistema sea otro al finalizar los 18 meses.

¿Aplicó persecución o algo parecido en contra de la jueza María Leonor Jiménez?
No, de ninguna manera. Tanto es así de  que no existe esa persecución ya que yo mismo archivé las denuncias contra ella cuando cumplía las funciones de director provincial de la Judicatura. ¿Dónde está la persecución?

La Transitoria Quinta del Código Orgánico de la Función Judicial dispuso que  la Judicatura  realice una evaluación a los servidores judiciales, ¿corre el riesgo de que el proceso se suspenda por los recursos de protección presentados por los judiciales?
Nosotros no podemos saber el futuro o lo que va a pasar con respecto a un recurso de protección, porque tiene su curso judicial y nosotros respetamos  aquello. Sin embargo, estamos conscientes de que si la justicia nos llama, nos convoca y nos pide explicaciones  del concurso, su naturaleza y todos los aspectos técnicos, compareceremos y explicaremos, porque no hay ninguna violación constitucional ni legal.

¿Mientras no sean citados sigue en pie la evaluación?
Hasta el momento yo no tengo información de   suspender el proceso en ninguna provincia ordenada por un juez. Por ende seguimos de acuerdo con la planificación y este sábado se realizarán las pruebas sicológicas.

¿Si llega antes del sábado un pedido de un juez?
Lo analizaremos. Normalmente los jueces lo que podrían hacer es una suspensión provincial. 

¿Por qué la oposición a las pruebas sicológicas?
Nosotros nunca pensamos que se iba a generar tanta bulla por una prueba sicológica. Se dice que es una prueba que no se la debe hacer en evaluación, sino en selección. Ninguno de los judiciales fue sujeto a una evaluación sicológica para entrar a la Función Judicial porque no exigía la ley, pero hoy nuestro Código Orgánico establece ese parámetro para ingresar y para permanecer.

¿Cómo está dividida la prueba?
En dos partes, la sicojurídica y la sicotécnica. La primera es la decisoria, a la que se oponen, y esta permitirá determinar si existen rasgos sicopatológicos en los funcionarios, es decir determinar si tiene algún tipo de patología que le impediría brindar el servicio de justicia. La sicotécnica determina las destrezas, capacidades y habilidades del servidor que se contrastan con un perfil del judicial.

¿Qué garantías tienen los evaluados?
Hemos tratado de que sea lo más objetiva posible y tenemos al doctor Mesías Pavón, que es una institución en sicología, trabajando en nuestro equipo y él no se prestaría para algo no preparado. La prueba sicológica tiene máximo un puntaje   de 10  y el que menos alcance será 3.33.

¿Está ratificado el  10 de diciembre para la prueba de conocimientos sobre 40 puntos?
No hay ningún cambio en el cronograma. Recordemos que debido a la diversidad de cargos en la Función Judicial no se puede hacer un examen para todos, entonces se ha determinado que son doce los bancos de preguntas que deben hacerse, por lo cual hemos oficiado a las universidades que nos han mandado los perfiles de catedráticos para que elaboren esos bancos de preguntas y se les hará llegar a los judiciales cuatro días antes de la prueba.

¿Será un cuestionario difícil?
No es nuevo lo que se les preguntará, es del trabajo del día a día, lo que deben saber para cumplir sus funciones. Hemos ido más allá, inclusive proponemos que un docente de la Escuela Judicial y otro de la Escuela de Fiscales revisen las preguntas cuando pasen el proceso de depuración y nos puedan hacer recomendaciones. A ese nivel hemos llegado para darles facilidades.

¿Los otros 50 puntos cómo están distribuidos?
Son 30 puntos de la productividad, 10 puntos de cantidad o cuantitativa y 10 de calidad o cualitativa. Eso se mide sacando una media. Por ejemplo se puede saber cuánto es una media de un servidor judicial en el período de análisis que es de tres años, tomando en cuenta la productividad de esa área, en ese territorio y en ese cargo. En el caso de jueces nos interesa la confirmación del superior a los fallos del inferior.

¿A cuántos van a evaluar, a 7.000 ó   5.000 judiciales, porque extraoficialmente se conoce que 2.000 se habrían acogido a la venta de renuncias voluntarias?
Esperemos que nos presenten los informes correspondientes de cuántas personas han expresado su interés de someterse al plan de desenrolamiento para el año 2012, ellos no serán evaluados. Eso también tendremos que cuantificar económicamente sobre la inversión que hay que hacer, entonces esperaremos los informes para saber cuántas personas son las que han expresado su deseo de jubilarse, por la edad, la jubilación obligatoria, la voluntaria o en los casos de las renuncias. Esa cifra no la tenemos.

¿Cuándo la tendrán?
Esperamos que sea lo más pronto posible.  No tengo datos exactos y prefiero no especular con las cifras.