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El Telégrafo

Una gama de ofertas económicas con poca dosis de sustentabilidad

Una gama de ofertas económicas con poca dosis de sustentabilidad
04 de febrero de 2013 - 00:00

La campaña electoral trae consigo un paquete de planes económicos, en los que los candidatos parecen tener la solución mágica para superar la “profunda crisis social, económica, estructural y política que atraviesa el país”.   

Política fiscal y comercial

Varios candidatos centran su atención en el tema tributario e, inclusive, hay quienes proponen eliminar impuestos, tesis que se contrapone al plan del movimiento oficialista que busca sostener la política tributaria progresiva actual, que en 2012 generó ingresos de 11.266 millones de dólares.   

Eliminar impuestos como a las tierras, a la salida de capitales, entre otros, significaría alrededor de 2.000 millones anuales de ingresos menos a las arcas fiscales.

“Lo que ningún candidato termina de abordar es la dimensión social del  impuesto”, manifiesta el analista Sebastián Vallejo. Tampoco plantean fórmulas concretas ni políticas de cómo van a compensar esos recursos, en el momento en que eliminen los tributos.

Estas, para el analista Werner Vásquez, son propuestas que se vuelven a repetir desde hace 30 años, “sin sustento alguno”, lo que les convierte en generalidades.

Tal es el caso del ofrecimiento de Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, que anuncia incrementar el Bono de Desarrollo Humano (BDH) a 70 dólares, pero no da respuestas claras de cómo lo financiaría.

Por su parte Norman Wray, del Movimiento Ruptura, ofrece combatir la evasión de impuestos con una política “pragmática, progresiva y que provea de los incentivos necesarios para atraer la inversión en los sectores de la economía”.

Alberto Acosta, de la Coordinadora de las Izquierdas, va más allá y ofrece crear un impuesto a las ganancias extraordinarias de la banca, cuando éstas superen el 10% del patrimonio neto. Además, espera tomar decisiones para que la banca canalice los recursos al aparato productivo y no directamente  al consumo, cuya demanda proviene de importaciones.

Paralelamente, determinaría un monto mínimo de inversiones que la banca privada estaría obligada a destinar a la producción, especialmente del pequeño producto, para abaratar el costo del crédito.

Para los aspirantes a la Primera Magistratura, un eje importante de sus planes es el otorgamiento de incentivos tributarios que den paso, por ejemplo, a la construcción de soluciones habitacionales de bajo costo, que es la tesis de Guillermo Lasso, del movimiento CREO.

En esa línea coincide Mauricio Rodas, de Suma. El candidato asegura que esto ayudará a “detonar el potencial de las actividades productivas”, pero también canalizando los recursos públicos hacia las áreas prioritarias del desarrollo.

En cambio, Lucio Gutiérrez quiere rebajar impuestos a empresas que den empleo a jóvenes, a personas de la tercera edad y con capacidades especiales, propuesta similar a la de Rodas.

A la vez, quiere eliminar el impuesto a las tierras, los denominados “tributos verdes”, a la salida de capitales que subió del 2% al 5%, y el impuesto del  Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), para reemplazarlo por uno  público.

De igual manera, Lasso espera confinar nueve impuestos, entre ellos, a la salida de capitales, como quiere Gutiérrez.  Nelson Zavala, del PRE, propone “una férrea disciplina fiscal” eliminando la incertidumbre y la especulación financiera. 

Otro de los ejes de los planes de los can­didatos  es reducir el déficit de vivienda y convertir nuevamente al Estado en un ente esencialmente regulador, tesis que  esgrime Mauricio Rodas, pues advierte que el Estado debe inhibirse de empren­der actividades empresariales.

En el tema de comercio internacional los candidatos plantean incrementar las relaciones comerciales con varios países del mundo para fomentar la competitividad y la producción local, pero no dan pautas de cómo llegar a los acuerdos, por ejemplo, con Estados Unidos, sobre las preferencias arancelarias (Atpdea), o la Unión Euro­pea.

Frente económico y social

Existen varias propuestas en las que coinciden los presidenciables: impulsar el empleo y eliminar los niveles de  pobreza.

¿Cómo lo harán? Álvaro Noboa, del Prian, propone generar más puestos de trabajo y estabilidad laboral con medidas que den seguridad jurídica y con la asistencia del Estado.
Guillermo Lasso, en cambio, promete crear un millón de empleos en cuatro años y eliminar la pobreza con salud, educación de calidad, agua potable y viviendas dignas.

Ecuador ha dado pasos importantes en esta materia en los últimos años. Las cifras lo demuestran: en 2012 y, por primera vez en la historia contemporánea, el empleo superó al subempleo. 

Al inicio del actual régimen, en 2007, el subempleo urbano nacional marcaba el 49,6% de la población económicamente activa, mientras la ocupación plena era del 43,3%.

El año anterior cerró con una tasa de subempleo del 39,62% (10 puntos menos), mientras que el empleo pleno llegó al 52,3% (nueve puntos mejor que hace seis años).

Las acciones en favor del sector agrícola son también parte de la agenda de los presidenciables, así como temas de salud, educación, vivienda, entre otros, con inversiones provenientes del Estado y del sector privado.

El analista Luis Rosero hace una disección del plan del candidato Rafael Correa. Respecto a la pobreza, señala que la propuesta del Mandatario apunta a reducir  este índice en los próximos cuatro años, alcanzando la igualdad social con inversión social, responsabilidad tributaria y empleo.

Las líneas de acción son: orientar la política pública hacia los territorios y hogares pobres, aumentar el BDH a 50 dólares (que subió desde enero de 2013 y es financiado con los excedentes de la banca privada) y reducir la evasión tributaria.

Respecto al trabajo y salario dignos que también es parte de la agenda de los otros candidatos, el analista dice que el planteamiento de Correa es asegurar condiciones laborales e ingresos adecuados que den paso al bienestar del trabajador y al pleno disfrute de su vida.

De hecho, impulsará la economía popular y solidaria, que implica apoyo a emprendimientos locales, microempresas,  formas asociativas y cooperativas.

A esto Rosero suma las políticas de emprendimientos para jóvenes, capacitación y bolsa de empleo; pasantías remuneradas en empresas privadas y públicas, e incentivos para quienes den empleo y entrenen a los jóvenes.

La matriz energética

Un tema que merece mayor discusión es el de la matriz energética que los candidatos se inclinan por reemplazar. La matriz comprende, entre otros,  los sectores petrolero, eléctrico y minero. En  Ecuador el 82% del consumo energético depende del petróleo y el gas, mientras que el 11% a electricidad y la diferencia corresponde a la leña y otros productos.

Por lo tanto, el consultor en temas energéticos, Augusto Tandazo, señala que no se debe hablar de sustituir la matriz energética, sino de modificarla reduciendo la dependencia del petróleo, “en un proceso que resultaría costoso y de largo plazo”.

En efecto, varios gobiernos han intentado, sin éxito, mermar la dependencia del petróleo y del gas que, en promedio, comprenden el 84% del consumo energético mundial.
Según Tandazo, los candidatos “hablan de memoria” cuando afirman que la solución está en las fuentes alternativas de energía, “pero es poquísimo -dice- lo que podemos crecer en materia de geotermia, energía solar, eólica, biomasa, etc”.

De igual manera, el ex ministro de Energía, René Ortiz, cuestiona un posible cambio de la matriz porque “sería un lujo poner de lado los recursos naturales como el petróleo, gas natural (de origen fósil), para favorecer  la energía alternativa del viento o el sol. “Ningún país del mundo puede ignorar o marginar  los combustibles de origen fósil, cuando hoy en día ya está comprometida la industria con mejores prácticas sociales y ambientales”.

En ese contexto, la meta de Ruptura es acelerar el cambio de una matriz energética dependiente de combustibles fósiles, hacia la producción de energía renovable y limpia generada por proyectos hidroeléctricos, eólicos, entre otros.

El plan de  PAIS plantea ampliar el horizonte de reservas de petróleo, para atender la creciente demanda energética y, adicionalmente para “financiar y soportar el cambio de la matriz productiva”, con proyectos que maximicen el uso del potencial hidroenergético.

La estrategia de Sociedad Patriótica (SP) es impulsar la construcción de la Refinería del Pacífico (Manabí) “para convertir al país en exportador de derivados del petróleo”, cuando la planta necesitará una dieta diaria de 300.000 barriles  de crudo.

Sobre la iniciativa Yasuní-ITT, SP es partidario de mantener dos planes: dejar el crudo bajo tierra con ayuda de “propuestas concretas” de dos organizaciones internacionales (no señala cuáles) o, si no se consiguen los fondos, convocar a una consulta nacional”.

Por su parte, el candidato Rodas suspenderá la Ronda Sur Oriente que se convocó en noviembre de 2012 para la exploración y explotación de 13 bloques hidrocarburíferos, porque “no existe una definición clara de qué es lo que se hará con los recursos cuando se explote el petróleo”.

La ronda tardará un año para firmar el primer contrato y cuatro para el período  exploratorio con dos de prórroga. En consecuencia, en siete años se vería el primer barril, más allá de lo que dure el nuevo período presidencial.

En cambio, el Prian sí es partidario de la extracción de recursos e, incluso, de ampliar el horizonte de explotación como la Ronda Sur Oriente, pero “respetando las áreas protegidas y utilizando única y exclusivamente la más avanzada tecnología para preservar el entorno ambiental”. El binomio está de acuerdo con explotar bloques aledaños al Parque Nacional Yasuní porque “no son áreas protegidas.”

De su lado el PRE asegura que la riqueza petrolera del Ecuador debe ser explotada al máximo de sus posibilidades para ser puesta al servicio del pueblo, sin descuidar el aspecto ambiental. Y respalda que sea vinculante la consulta a las comunidades sobre el ITT.

Mientras que Alberto Acosta plantea mantener la frontera de explotación petrolera en los límites actuales, y se mantiene firme en no dar paso a la minería a gran escala que afecte a las comunidades, y dejar bajo tierra los 900 millones de barriles de reservas de petróleo del proyecto Yasuní- ITT.

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