El laudo o resolución parcial emitido por el Tribunal Arbitral de La Haya contra Ecuador y a favor de Chevron no afecta la demanda, reclamos individuales ni la sentencia de la justicia ecuatoriana por la contaminación ambiental causada en sus 26 años de operaciones petroleras en Sucumbíos y Orellana.

Así lo señaló la Procuraduría General al referirse al laudo parcial dictado el martes pasado por el Tribunal Arbitral, que busca dirimir el conflicto tras una demanda entablada por Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company en contra del Ecuador, el 23 de septiembre de 2009, para no pagar los $19.000 millones de indemnización por los daños ambientales causados.

La Procuraduría indicó que para el Tribunal dicho Acuerdo se refiere a las reclamaciones que el Estado ecuatoriano pueda plantear en ejercicio de sus propios derechos y no a las realizadas por terceros que actúen con independencia del Estado.

No obstante, el Tribunal determinó que el Acuerdo de Liberación de 1995 impide a terceras personas formular reclamos fundados en derechos “difusos” o “colectivos”, ya que estos habrían sido objeto de la liberación conferida por el Gobierno ecuatoriano de aquella época.

DATOS

En 26 años de operaciones en las provincias de Sucumbíos y Orellana, la estadounidense Texaco (Chevron) perforó 342 pozos, 549 piscinas y registró 9 derrames de crudo.  

La explotación antitécnica de crudo causó afectación a la flora, fauna, aire, agua y la salud de 30.000  miembros de cinco nacionalidades indígenas: Cofán, Siona, Secoya, Waorani y Kichwa, así como de campesinos de Sucumbíos y Orellana.

Texaco operó en alrededor de 5 millones de hectáreas del nororiente amazónico, en donde -según estudios-  se derramaron 16,8 millones de galones de petróleo en el ecosistema, más de 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas en los suelos y ríos, y fueron quemados al aire 235 mil millones de pies cúbicos de gas.

Pese a las pruebas y los  estudios, Chevron acusa al Ecuador de manipular a la justiciaChevron busca desde hace años -según lo confirman cables de la Embajada de EE.UU. en Ecuador (ver subnota) filtrados por WikiLeaks- que se dé plena validez al acta final firmada en el Gobierno de Jamil Mahuad que, el 30 de septiembre de 1998,  avaló  que  supuestamente  Texaco (cuyas acciones adquirió Chevron en 2001)  cumplió con    el contrato para la “ejecución de trabajos de reparación medioambiental y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas”, suscrito, en cambio, el 4 de mayo de 1995, en el régimen de Sixto Durán Ballén.

El acta final, a la que tuvo acceso El TELÉGRAFO, fue suscrita en 1998 por el exministro de Energía y Minas, Patricio Ribadeneira; el expresidente ejecutivo de Petroecuador, Ramiro Gordillo; el exgerente de Petroproducción, Luis Albán Granizo; el exvicepresidente de Texaco, Ricardo Reis Veiga; y Rodrigo Pérez Pallares, representante legal de la compañía en  Ecuador,  Texpet.

Posteriormente, una auditoría de la Contraloría y varios estudios sobre la situación de los afectados confirmaron que Texpet solo hizo ciertas remediaciones antitécnicas, pese a lo cual funcionarios de Mahuad resolvieron “liberar, absolver y descargar para siempre a Texpet, Texas Petroleum Company, Compañía Texaco de Petróleos del Ecuador S.A., Texaco INC. y a todos sus agentes, sirvientes, empleados, funcionarios, abogados, indemnizadores, garantes, herederos, administradores, ejecutores, beneficiarios, sucesores, predecesores, principales y subsidiarias, de cualquier demanda o reclamación del Estado, de  Petroecuador y de sus filiales”.

Durante un enlace ciudadano, el presidente Rafael Correa dijo: “El acta final que se firmó en el gobierno de Mahuad fue dolosa, era mentira, era el entreguismo de los gobiernos ecuatorianos a la transnacional”.

A decir de la Procuraduría, “debe quedar claro que el Tribunal consideró apropiado no abordar en esta instancia la cuestión relativa a si el reclamo de los demandantes de Lago Agrio perseguía la reivindicación de sus derechos individuales o de sus derechos difusos, o ambos”.

Añade que si bien el Tribunal concluyó que Chevron es “parte liberada” bajo el Acuerdo mencionado, rechazó el argumento de la petrolera sobre que dicho Acuerdo contenía implícitamente una cláusula “eximente de responsabilidad” que, según la transnacional, inculparía al Ecuador  por el costo incurrido por Chevron o  los  efectos  de una sentencia en su contra. En este laudo, el Tribunal se abstuvo de emitir un pronunciamiento sobre el supuesto incumplimiento del Acuerdo de Liberación.

El procurador, Diego García, rechazó el comunicado de prensa emitido el miércoles pasado por Chevron titulado “Tribunal arbitral internacional determina que Chevron no debe responder por los reclamos ambientales en Ecuador”, pues indicó que el Tribunal no formuló dicha determinación en absoluto.

Según García,  el Tribunal tampoco consideró y menos resolvió las alegaciones de Chevron en cuanto a que la sentencia dictada por la Corte de Lago Agrio sea fraudulenta  ni determinó  “que los reclamos fraudulentos jamás debieron haber sido presentados”. Con la emisión de este laudo parcial concluye la primera de las dos fases en las que el Tribunal inicialmente dividió el fondo de la controversia objeto del arbitraje.

La segunda fase se refiere a la acusación de Chevron sobre la supuesta denegación de justicia del Estado ecuatoriano en su contra, al permitir continuar el juicio de Lago Agrio que, según su criterio, es fraudulento. En esta etapa, el Tribunal ha previsto realizar una audiencia que iniciará en enero de 2014.

García aclaró que la defensa del Estado se reserva todos sus derechos respecto de las decisiones del Tribunal, particularmente por haber actuado sin competencia, aplicando un Tratado Bilateral de Inversiones que entró en vigencia mucho tiempo después de que Chevron saliera voluntariamente del país.

El arbitraje, para su ejecución, debe ser aceptado por ambas partes (en forma previa, a través de un contrato o posteriormente) como una forma de resolver el litigio.

“LAUDO BUSCA CALMAR A LOS ACCIONISTAS”

Frente al laudo parcial emitido por el Tribunal Arbitral de La Haya, el abogado de los 30.000 afectados por la contaminación de Chevron, Pablo Fajardo, dijo que es  una “cortina de humo de la transnacional” para desviar la atención pública del crimen real que cometió en la Amazonía.

Dijo que no es coincidencia que el Tribunal emita el laudo al día siguiente de que el presidente Correa inició la campaña “La Mano sucia de Chevron”. Indicó que “lo que quieren es algo para calmar la ansiedad de los accionistas de Chevron. Fue algo preparado por ellos (petrolera) que controlan el panel de arbitraje”, resaltó.

LA DEMANDA FUE PLANEADA DESDE 2006: WIKILEAKS

El 23 de septiembre de 2009, la compañía Chevron-Texaco presentó la demanda de arbitraje contra el Estado ecuatoriano por una supuesta violación al Tratado Bilateral Internacional (TBI). Su interés era que Ecuador  fuera declarado responsable de las consecuencias del juicio de Lago Agrio, iniciado en contra de la transnacional por las comunidades indígenas en 1993 en las cortes de Nueva York, por contaminar el medio ambiente y afectar la salud de los pobladores.

En los cables filtrados de WikiLeaks ya se mencionaba esta demanda como parte de sus tácticas para contrarrestar la sentencia de $ 19.000 millones impuesta por la justicia ecuatoriana.

Asimismo, el cable WikiLeaks Nº 06QUITO705_a, de 21 de marzo del 2006, explicaba que: “El embajador (Jefferson Brown ) se reunió con el representante de Chevron en Ecuador, Jaime Varela, el 17 de marzo, para una actualización de los casos legales de Chevron... Cuando Chevron solicitó arbitraje con la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) sobre la base de su contrato de operación con el gobierno de Ecuador (GOE), el GOE se opuso en la Corte del Estado de Nueva York. Chevron quiere que la AAA dictamine bajo los términos del contrato con GOE, incluyendo el contrato de remediación, que Ecuador debe indemnizar a Chevron y pagar todos los gastos legales y cualquier juicio adverso contra Chevron”.

Añade que “de acuerdo a Varela, el caso federal en contra de Chevron sería totalmente resuelto. Si la Corte Federal falla a favor de la petrolera, entonces el GOE tendría que hacerse responsable de la denuncia de los demandantes de Lago Agrio y cualquier juicio en favor de ellos. Nota: Varela no mencionó por qué   que la decisión de la Corte Federal significaría que la AAA también fallaría a favor de Chevron. Fin de la Nota”.

Además el cable dice que: “Varela dijo que Chevron estaba a punto de presentar una notificación de arbitraje internacional bajo el Tratado Bilateral de Inversión de Ecuador con Estados. La demanda se basa en que Texaco estaba requerido por su contrato a proporcionar al GOE el combustible para consumo doméstico a precios subsidiados. Supuestamente el combustible de consumo interno que Texaco proporcionara en exceso iba a ser acreditado a Texaco. Sin embargo, el GOE vendía el exceso de combustible al mercado internacional y se quedaba con las ganancias.

De acuerdo a Varela estos casos han estado pendientes en las cortes por 16 años y, al parecer, la suma que le debe a Chevron es de alrededor de $800 millones. Chevron no haría pública su notificación (BIT), según Varela, porque ellos creen que los demandantes en Lago Agrio usarían eso en contra de ellos alegando que Chevron está tratando de presionar a la Corte de Lago Agrio”.

El 9 de mayo de 2008 en el cable Nº 08BRASILIA618_a, se vuelve a mencionar que “El vicepresidente de Chevron para Latinoamérica (Ricardo Reis Veiga), advierte que Chevron está dispuesto a recurrir al arbitraje en los tribunales internacionales, donde él dice se invocaría un tratado bilateral entre EE.UU. y Ecuador de protección de inversiones.” El 28 de septiembre de 2009, Chevron confirma a la embajada que inició la demanda.