Publicidad

Ecuador, 28 de Marzo de 2024
Ecuador Continental: 12:34
Ecuador Insular: 11:34
El Telégrafo
Comparte

Tras un análisis jurídico llegó a la conclusión de que asunto es civil, no penal

Tras un análisis jurídico llegó a la conclusión de que asunto es civil, no penal
27 de septiembre de 2013 - 00:00

El secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dice que usted  “viró la cara y dijo que no pasó nada, que era un problema de carácter civil” la investigación penal que llevaba a cabo la Fiscalía sobre los exfuncionarios del gobierno de Jamil Mahuad que firmaron el acuerdo final que avalaba la supuesta remediación ambiental de Texaco-Chevron...
Siempre he sido respetuosa de las opiniones de las personas y en este caso respeto el criterio de Alexis Mera, un ilustre jurista a quien  conozco desde hace años. Pero también tengo derecho a decir mi verdad ante el pueblo ecuatoriano.

¿Cuál es su verdad?  
El 30 de octubre de 2003, Genaro Peña Ugalde, contralor General, presenta una denuncia en la Fiscalía General porque dice que los hechos relatados se podrían adaptar a una conducta del artículo 338 y 339 del Código Penal.

¿Cuáles son los hechos relatados?
Se refiere a un acta transaccional y que no habían efectuado una remediación ambiental que tenían que hacer en el Oriente ecuatoriano (en donde operó Texaco).

¿Se refiere al finiquito (que daba por sentada la remediación)?
Sí. Luego de eso, la fiscal General, Mariana Yépez, el 10 de mayo de 2004 inicia una indagación previa signada con el número 143-2003, y en ella dispone, en el numeral sexto, que se remita una copia de la denuncia presentada por el Contralor General de la época, a la Unidad de Delitos Ambientales, para que se investiguen los daños ambientales que se mencionan en el párrafo dos y tres del numeral 4 de esa denuncia.

El 20 de mayo de 2004, la misma fiscal Yépez le remite el oficio número 345 a Luis Enríquez Villacrés, agente fiscal de la Unidad de Delitos Ambientales, para que inicie la Indagación Previa o dicte la Instrucción Fiscal, según sea el caso, en lo referente a los daños ambientales.

El 7 de mayo de 2003, antes de que el Contralor presente la denuncia en la Fiscalía General, Alberto Rai presenta una demanda civil ante el presidente de la Corte de Justicia de Nueva Loja (Sucumbíos), sustentado en el artículo 42.

¿Quién es Alberto Rai?
Abogado que comparece ante el presidente de la Corte Superior  de Nueva Loja en su calidad de procurador judicial de Ángel Justino Piaguage y adjunta el poder y ratificación por las otras personas que comparecen.  

¿Cuándo entra usted en esto?
El 14 de enero de 2005 asumo las funciones de Fiscal General, porque Mariana Yépez terminó su período y yo era la directora de Asesoría Jurídica. El 9 de agosto de 2006, luego de hacer un análisis jurídico de los hechos presentados y tomando en cuenta que ya había una demanda civil en la Corte de Nueva Loja, que es el juicio que está en casación,llego a la conclusión de que el asunto es civil y no penal. Pedí la desestimación ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien no se pronunció sobre mi pedido, sino que con un escrito presentado por el Contralor corre traslado a Jorge German, en esa época Fiscal General, porque yo salí en 2007. German, en un escrito, le dice que aplicando el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal resuelva lo que en Derecho corresponde.

¿Qué significa eso?
El 1 de marzo de 2007, German le solicita al presidente de la CSJ el archivo del expediente. Es importante que yo aclare esto, que el presidente de la CSJ de entonces, Jaime Velasco Dávila, nunca archivó mi pedido de desestimación, no se pronunció ni aceptando ni negando, y tampoco atendió las peticiones del fiscal titular de esa época, porque yo ya no estuve.

¿Cuál fue la consecuencia de ello?
El proceso continuó y Washington Pesántez, el 26 de agosto de 2008, como Fiscal, inicia la instrucción fiscal contra todos los implicados en la denuncia del Contralor. La Instrucción Fiscal la dicta por el delito de falsificación de documento público. Luego, el 29 de abril de 2010, Alfredo Alvear, en ese entonces Fiscal General subrogante, emite un dictamen mixto: a unos acusa y a otros los absuelve. Sin embargo, Luis Moyano Alarcón, presidente de la Primera Sala de la CNJ, luego de escuchar a las partes procesales en la audiencia preliminar, cuando ya hay un dictamen, el 1 de junio de 2011 declara la nulidad de todo lo actuado, desde la instrucción Fiscal.

Contenido externo patrocinado