Legalmente el Estado es el responsable de brindar seguridad vial a los ciudadanos. A través de la ANT, éste tiene que estructurar planes, programas, proyectos, parámetros, malla curricular, etc., para que los operadores del transporte cumplan sus obligaciones.

Pero ese control y regulación deben ser técnicos, de los cuales no dispone la ANT, por lo que deberá tercerizar el servicio. Esa labor no puede ser delegada a los controlados: es como si los conductores les dejaran a sus controladores que establezcan sus parámetros laborales.

En 20 días recién algunas empresas presentarán los planes: unos completos, otros no; unos incorrectos, otros demorarán más, etc. Luego recién vendrá la revisión, selección, calificación… Unos vendrán diferentes a otros ya que no tienen matrices, por lo que el proceso obligatorio que se debió aplicar hace años seguirá alargándose, mientras suceden cientos de accidentes.

Para aclarar esta situación, los choferes ya determinaron que el Estado debe presentar estos lineamientos. La mayoría de ellos ya han demostrado que solo están preparados –no actualizados- en los conocimientos elementales para manejar vehículos.

En las organizaciones públicas y privadas que he visitado, la gran mayoría de conductores en general desconoce sobre los límites de ingesta de alcohol, de fatiga, de descanso, etc. Al final casi todos tienen un promedio de 5/20 en sus evaluaciones.

En cambio, las empresas petroleras trabajan con estándares internacionales sobre vialidad y tránsito terrestre: sus conductores se actualizan  dos veces al año o más con conocimientos como conducción preventiva y defensiva, seguridad activa y pasiva.

Se deben dictar cursos permanentes a todos los choferes, si no aprueban darles otra oportunidad; si en esa vuelven a reprobar, se les retira la licencia o se les da una solo para manejar carros livianos.

Es verdad que las vías han mejorado, pero falta demasiado en cuanto a la educación de la gente, señalética, semaforización, revisión permanente, control estricto de autoridades y de la Policía, no solo cuando suceden graves siniestros.

Esto es una responsabilidad compartida del Estado, los operadores del transporte y la ciudadanía. Pero debemos empezar al fin a ser preventivos y no reactivos en este y el resto de temas.

La inobservancia, desconocimiento e impericia de las normas son las generadoras de la mayoría de accidentes de tránsito.