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El Telégrafo

Sanciones irían desde multas hasta la demolición del hotel

Sanciones irían desde multas hasta la demolición del hotel
23 de octubre de 2012 - 00:00

Por incumplir lo que manda la normativa, el Cabildo quiteño inició un proceso administrativo sancionador por la construcción de ese hotel de primera clase, que tiene 23 habitaciones y capacidad para 44 plazas de hospedaje, en un área de 3.000 metros cuadrados. El hotel opera desde abril pasado.

Por no tramitar el Acta de Registro de Planos Arquitectónicos y el Acta de Licencia de Construcción, no se descarta la imposición de multas y hasta la posible demolición de la obra.

Se conoció que la Procuraduría Metropolitana remitirá un comunicado y solicitud al Ministerio de Turismo y al Consejo Nacional de Competencias, para que revoquen la Licencia Única Anual de Funcionamiento y el Certificado de Registro, otorgados  al proyecto el pasado 27 de septiembre.

Se solicitará aquello debido a que los inversionistas del hotel se amparan en que la obtención de esos documentos, así como de la licencia otorgada por el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, para ellos significó el último paso en el proceso de evaluación y análisis del proyecto, aportando $ 1500.000 en la edificación del Hotel Mashpi S.A.

Además, la Procuraduría Metropolitana se encuentra revisando la licitud de la licencia ambiental y la aprobación del plan de manejo por parte del Ministerio del Ambiente para el proyecto y posibles acciones a tomar.

Por su parte, al Servicio de Rentas Internas (SRI) se le pidió analizar si la empresa hotelera tiene o no el registro de esta actividad económica en el sector del Bosque Protector Mashpi. En este sentido, la Agencia de Control del Distrito Metropolitano de Quito no descarta realizar un operativo para verificar el tema.

Finalmente, para que se respete el debido proceso, la Comisaría Metropolitana de Construción, pidió a José Antonio de la Cerda, gerente general de la Reserva Mashpi S.A. y de Inmobiliaria Invernal II S.A., que designe un abogado defensor y señale casillero judicial, para que reciba las respectivas notificaciones y presente pruebas de descargo, como lo señala la Constitución de la República.

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