En vista de que no existen más de 20 artículos que han recibido cuestionamientos por parte de los asambleístas de oposición, el ponente Mauro Andino planteará votar en paquete todos los temas que hayan sido consensuados con los diferentes sectores legislativos, mientras que los temas en los que hay discrepancias serían votados al final, algo similar a lo realizado con las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en donde hubo un 80% de coincidencias.

Andino no descartó la posibilidad de acoger nuevas sugerencias de las bancadas para afinar el texto final, que será presentado a la Secretaría de la Asamblea Nacional.

La decisión del ponente, de incluir un sexto integrante al Consejo de Regulación y la redistribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico, será analizado por el bloque de Pachakutik.

La asambleísta Magaly Orellana (PK) informó que el viernes se reunirá con  el Comité Ejecutivo, los coordinadores y representantes provinciales de esa agrupación política, y con los legisladores Jerónimo Yantalema, Diana Atamaint, Lourdes Tibán y Cléver Jiménez,  para tomar una decisión.

Orellana adelantó que  su voto será  en contra de todos los artículos del proyecto, incluso en el que se refiere al 34% de frecuencias para los medios comunitarios. Agregó que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Humberto Cholango, tiene derecho a pronunciarse, pero que ella tiene que responder a sus mandantes.

Por su parte el asambleísta Tomás Zevallos, quien propuso la votación artículo por artículo, dijo “Antes que nada hay que aclarar que yo no tengo ningún patrimonio intelectual, simplemente es el derecho de un asambleísta el  querer aprobar una ley, pero no una que vaya a la medida del Presidente de la República”, expresó.

Moción puede ser modificada

El titular del Legislativo, Fernando Cordero, insistió en que  la moción del  asambleísta socialista Tomás Zevallos, para que la votación del  proyecto de Ley de Comunicación sea artículo por artículo,   puede ser modificada.

Anotó que cualquier asambleísta  tiene la facultad de solicitar  la reconsideración de la votación y presentar una nueva moción en la que se proponga votar en bloque los artículos en donde haya consenso, para dejar al final  los puntos polémicos.

Esa fue la moción de Vicente Taiano (Prian) para aprobar las reformas a la LOFL, así lo certifica la Secretaría General del Parlamento.

Zevallos aclara su posición

Para  Tomás Zevallos,  todas las leyes  deberían ser aprobadas  artículo por artículo, tal como lo planteó al pleno, y la moción fue aprobada. “Y me mantengo en ella”, manifestó.

Al consultarle  si está de acuerdo con  que el país cuente con una normativa, respondió: ¿por qué no una Ley de Comunicación?, y reconoció   que debe existir  un marco jurídico que regule a los medios de comunicación en general.

Entre los puntos cuestionados por la oposición están que cualquier ciudadano pueda denunciar el incumplimiento de los principios deontológicos ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, que las personas sean también consideradas medios de comunicación, y que   el medio  sea “solidariamente responsable” de los  reportajes que ahí se publiquen.

También se debate la  potestad del medio de comunicación de  publicar o no los trabajos de sus colaboradores cuando se opongan a su línea editorial y  que se garantice la reserva de la fuente, siempre que los datos informativos no  sean falsos o erróneos  y  sea posible  corroborrarlos con  otras fuentes.

Los legisladores de la oposición también han manifestado su desacuerdo con  que el Ministerio de Telecomunicaciones sea el ente regulador, así como que  el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación tenga la facultad de  destituir a alguno  de sus consejeros por el cometimiento de una falta grave solamente con el voto favorable de al menos tres de sus integrantes.

Asimismo, cuestionan que existan responsabilidades comunes para “acatar y promover la obediencia a las decisiones legítimas de las autoridades públicas” y, además, que el Presidente de la República pueda suspender el derecho a la libertad de información y establezca la censura previa cuando se haya declarado el estado de excepción.

Lourdes Tibán (PK) discrepa con la transitoria décima sobre la reversión de “las frecuencias de radio y televisión que no hayan sido otorgadas por autoridad competente”. Alega que todas las frecuencias, sean legales o ilegales, fueron concedidas por una autoridad.

Gilmar Gutiérrez, en cambio, considera  censurable  la disposición  que ordena la “suspensión de la publicidad y  de los programas de  incitación directa al uso ilegítimo de la violencia”, porque “no existe  violencia legítima”, replicó el legislador de Sociedad Patriótica.