Perjudicados por fumigaciones no tienen que firmar acta para recibir compensaciones

07 de noviembre de 2014 12:27

El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, ordenó la suspensión inmediata de un documento que se estaba haciendo firmar a los afectados por las aspersiones con glifosato en la frontera, para poder recibir la indenmización que entrega el Gobierno Nacional.

El canciller Patiño y el presidente Rafael Correa se enteraron de dicha situación en Sucumbíos, durante una entrevista radial, en la que se les dio a conocer las denuncias hechas por los campesinos.

"La entrega a cada una de las familias que viven en la zona es de $ 3.000 para el apoyo, el desarrollo de su sector, pero nunca faltan los tinterillos del peor nivel, que sin información a nosotros, yo no me he enterado de esta acta, que es casi un acta de finiquito, como si hubiera habido un conflicto con los compañeros, donde efectivamente se renuncian a derechos sin ninguna lógica", sostuvo Patiño.

Explicó que tras consultar le informaron que ese documento, al que calificó de un "desatino total", fue elaborado por los abogados de la Cancillería, Ministerio de Justicia y Procuraduría sin previa consulta. "El problema es que los abogados les encanta defender más allá de lo que tienen que hacer", sostuvo Patiño al sostener que "vamos a disponer que se suspenda la redacción de este documento".

De su lado, el presidente Correa calificó de "barbaridad" y "desatino" lo que han hecho "cuadros de segundo, tercer nivel, subalternos siempre agenciosos, en función de ciertos intereses. Para eso es este gabinete, no es que no nos equivocamos, pero sabemos corregir errores y gracias a nuestra forma de gobernar detectamos esos errores", apuntó.

Tras la orden dada por el Jefe de Estado, el canciller Patiño señaló que se pedirá disculpas "por plantear la firma de este documento que es absolutamente innecesario, porque no hay ningún conflicto con los campesinos para decir estamos cerrando un conflicto".

El Gobierno Nacional entrega las compesaciones económicas a alrededor de  5.000 familias perjudicadas por las fumigaciones con glifosato, que se realizaron en la franja fronteriza con Colombia entre 2000 y 2007. Ello tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno colombiano.

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