La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) expresó su preocupación por un proyecto que tratará la Asamblea Nacional en la que se propone la reforma al Código Penal que, a su juicio, pretende limitar “en forma drástica” la libertad religiosa y de expresión en el país.

El secretario de la CEE, monseñor Ángel Polivio Sánchez, comentó que la reforma planteada se denomina “desprestigio a la autoridad por prédica” y establece penas de prisión de hasta un año. Para el sacerdote, el artículo 270 propuesto contiene una “discriminación ex profesa” y una “dedicatoria muy especial” contra quienes ejercen la prédica religiosa.

Los obispos ecuatorianos trataron el tema en una asamblea efectuada esta semana en la ciudad costera de Portoviejo, al oeste del país, tras la cual emitieron hoy una declaración que expresa su “serio malestar” con esa disposición del proyecto, el cual analiza actualmente la Asamblea Nacional.

Sánchez precisó que el artículo cuestionado señala que se sancionará “a los autores de lecciones pastorales, prédicas o sermones, sea cualquiera la forma en la que se las diere al pueblo, si fueren encaminadas a desprestigiar a la autoridad, presentándola como contraria a los dogmas, a la disciplina o a los intereses de una iglesia o culto aceptado en la República”.

Esta infracción, añadió Sánchez al leer el artículo propuesto en la reforma penal, “será sancionada con pena privativa de libertades de seis meses a un año”.

El secretario del Episcopado afirmó que con este artículo “se pretende limitar drásticamente la libertad religiosa, la libertad de expresión y, sin duda, la igualdad ante la ley entre los ecuatorianos”.

Por ello, sostuvo Sánchez, la Conferencia Episcopal se ha volcado a analizar la situación para “poder hacer una orientación adecuada a los fieles” sobre la referida reforma y también defender el derecho religioso ante el órgano legislativo.

Agregó que la CEE prepara una alegación ante la Comisión de Legislación de la Asamblea, que es la que tramita actualmente la reforma para su eventual debate, y no descartó que encamine sus objeciones al pleno del Parlamento si así se requiere.

La ministra de Justicia, Johana Pesántez, entregó el proyecto de ley el pasado 14 de octubre. El cuerpo del proyecto está  recogido en cuatro cuerpos que, según se explicó, modernizará el Procedimiento Penal, de Ejecución de Penas.

El Código Penal vigente data de 1938. Por ello, la Ministra se ha referido a las propuestas de reforma como “un conjunto de leyes  acordes a las nuevas necesidades de la sociedad”.