Con los suministros de energía eléctrica y de agua potable suspendidos, desde las 16:00 del martes anterior, como medida de presión ejercida por el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) para agilizar que desocupen, los abogados del Guayas aún se mantienen en  su sede institucional, ubicada en el tercer piso del Palacio de Justicia.

Javier Cevallos, dirigente del Colegio de Abogados del Guayas (CAG), gremio  que agrupa a más de 15.000 socios, indicó que se acogerán al artículo 98 de la Constitución Política del Estado, en el que está amparado el derecho a la resistencia frente a acciones que vulneren los derechos constitucionales; sin embargo, enfatizó en que mantendrán una postura pacífica ante un inminente desalojo por parte de la fuerza pública.

En ese sentido, anunció que el único lugar disponible que tienen para trasladarse será el parque Centenario, ubicado a pocos metros de la Corte Provincial de Justicia.

Desde que se  dispuso la desocupación inmediata de dichas instalaciones,   que el CAG ocupa  desde 1973, como consecuencia del desacato al Decreto Ejecutivo N° 933 del 9 de noviembre, algunos dirigentes como el vicepresidente del gremio, Juan Vizueta, han hecho llamados a  los afiliados para que manifiesten su rechazo a la medida.

El dirigente gremial se justificó refiriéndose al decreto firmado por el ex presidente Jaime Roldós en 1981, a través del cual esas dependencias fueron otorgadas al CAG mediante un contrato de   comodato por 100 años, el mismo que, según explicó, no puede ser rescindido de manera unilateral.

Sin embargo, para algunos profesionales del Derecho en su libre ejercicio, como Mario Ramírez Lara,  el CAG es un gremio lo suficientemente antiguo como para contar ya con  instalaciones propias. Relató que recién hace apenas 5 años pudieron tener un complejo familiar, que está situado en la vía a Salitre.

Carlos Pérez, con más de 22 años de ejercicio, señaló que los socios deben pagar 5 dólares mensuales, cuota que supuestamente le sirve a la entidad para el mantenimiento físico de las oficinas, pago de remuneraciones a las 15 personas que allí trabajan y para recaudar fondos. El servicio de gastos exequiales es uno de los beneficios al que tienen derecho los contribuyentes.

Pérez relató que hace algunos años fue operado de urgencia y el CAG le donó 180 dólares, dinero que le fue muy útil en esos momentos.

Jaime Almeida, abogado que trabaja en el Foro de Abogados, institución patrocinada por el CJT, al estar su funcionamiento contemplado en el Código Orgánico de la Función Judicial, manifestó que el CAG es una organización particular y clasista, a diferencia del Foro, en el que se busca la integración de los abogados y servidores judiciales.

Explicó que los abogados deben realizar un solo pago de 5 dólares por la adquisición de una credencial que no tiene caducidad y es válida a nivel nacional. Ese carné es un requisito indispensable para que los abogados puedan ejercer su profesión regularmente, añadió el funcionario.

Vizueta dijo que convocó a los afiliados para que se organicen y permanezcan vigilantes en  las puertas de acceso a dichas dependencias de manera ininterrumpida.

El dirigente dijo que hoy a las 10:00 tendrán una sesión extraordinaria en la que se tomarán decisiones frente a la disposición.

Patricio Flores Guerrero, abogado, manifestó que el CAG no puede estar en un contrapunto político, puesto que “al dejar que la política incursione en el accionar del gremio, se desnaturaliza el fin profesional y de servicio  por el que fue creado”.

Flores señaló que la posición del CAG no representa el pensamiento de todos los abogados en Guayas.

Aunque los agremiados ya fueron notificados, el secretario del CAG, Pedro Granja, dijo que no saldrán del lugar. Sin embargo, en el mandato de Rafael Correa se dispone que el CJT “podrá solicitar a la Policía Nacional la asistencia necesaria para el cabal cumplimiento del presente decreto”. Cevallos señaló que la decisión del Presidente alude a un gremio crítico al régimen, puesto que éste expuso supuestas anomalías en el juicio  contra diario El Universo.

Además denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el CJT no tiene validez jurídica debido a que entre sus miembros está Fernando Yávar, de  quien Granja dijo que no cuenta con la experiencia laboral suficiente (mínimo 10 años) para el cargo.