El titular del Legislativo, Fernando Cordero, señaló que de acuerdo a la transitoria décima del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, 212 frecuencias concesionadas de manera irregular serán revertidas al Estado, con lo cual iniciará, de manera progresiva, la redistribución equitativa de las mismas.

El informe del 18 de mayo de 2009, elaborado por la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de las Frecuencias de Radio y Televisión que fue creada por disposición constitucional, establece que  “las frecuencias de radio y televisión que no hayan sido otorgadas por autoridad competente; las que no han iniciado la operación en el plazo señalado en el contrato de concesión; las que no hayan pagado las tarifas de uso de concesión durante seis meses consecutivos; las que hayan arrendado por más de dos años o transferido bajo cualquier modalidad el uso de la frecuencia a terceros; y, las que han convertido estaciones repetidoras en matrices o viceversa, serán revertidas al Estado de manera inmediata por la autoridad de telecomunicaciones, aplicando el debido proceso”.

Ello se garantiza en el artículo 114 del proyecto de Ley de Comunicación, según el cual esas frecuencias pasarán a  manos de “la autoridad de Telecomunicaciones, una vez que ésta haya realizado el debido proceso administrativo para tal efecto, el mismo que será definido en el reglamento”. Para evitar la intervención de la Superintendencia de Telecomunicaciones, el artículo 115 del proyecto también permite que quienes recibieron frecuencias de forma ilegal,  hasta la entrada en vigencia de esta ley, puedan devolverlas voluntariamente al Estado en el plazo de seis meses.

No obstante, la disposición transitoria segunda señala que se respetarán los plazos de los contratos de concesión para el uso y aprovechamiento de las frecuencias de radio y televisión abierta, que hayan sido legítimamente celebrados antes de la publicación de la norma en el Registro Oficial.

El ponente Mauro Andino explicó que se ha eliminado el artículo 6 que se refería a las plataformas tecnológicas. “Se precisó que las opiniones no pueden ser ni falsas ni verdaderas, la responsabilidad ulterior se aplicará en el ámbito administrativo, existirá responsabilidad solidaria del medio de comunicación, pero ésta no incluirá a los propietarios, accionistas, directivos ni representantes de los medios”.

Destacó que el informe para segundo debate no ha recibido una sola observación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el proyecto respeta y desarrolla los derechos y garantías establecidos en la Constitución y contenidos en instrumentos internacionales.

Para Andino, el proyecto de ley desarrolla los derechos a la comunicación establecidos en la Carta Magna, supera las inconstitucionalidades e injustas reglas de la Ley de Radio y Televisión, acoge la disposición constitucional, cumple el mandato popular del 7 de mayo de 2011,  democratiza el acceso a las frecuencias de radio y televisión, pluraliza y diversifica las voces y se adecua a los parámetros jurídicos y estándares internacionales.

El legislador Francisco Ulloa (MPD) está de acuerdo que la redistribución de frecuencias “sea en base a un auténtico proceso de auditoría”, pero advirtió sobre las posibles “excepciones que pudieran realizarse para dar paso a la discrecionalidad de esa distribución” y poner esas frecuencias al servicio del Gobierno.

Cléver Jiménez (PK) también aplaude la reversión inmediata de frecuencias ilegales y su redistribución a las comunidades, pero, aclaró, “deben ir al Estado para el servicio del pueblo y no para uso del Gobierno. Allí no estaremos  nunca de acuerdo”.

El periodista radial Manolo Escobar defendió la profesionalización, contemplada en el cuerpo legal. “Esa es la razón de ser de las 36 facultades y escuelas de Comunicación. No es justo que ex futbolistas y mujeres bonitas ahora estén en medios televisivos, tienen que prepararse para estar allí”, anotó.

El titular del Legislativo, Fernando Cordero, convocó a los asambleístas para el miércoles 11 de abril para la votación del documento.