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El Telégrafo

Justicia argentina ratificó el embargo contra Chevron

Justicia argentina ratificó el embargo contra Chevron
31 de enero de 2013 - 10:00

La Cámara de Apelaciones en lo Civil de Argentina ratificó el miércoles el embargo de los activos, bienes e inversiones de la petrolera Chevron en ese país, dentro de una causa por contaminación en la Amazonía ecuatoriana.

Pablo Fajardo, uno de los abogados de los querellantes, confirmó que el tribunal se negó a levantar un embargo que un juez de un tribunal menor impuso en noviembre.

En ese fallo se mantiene sobre embargo el 40 por ciento de las acciones, los dividendos y los depósitos bancarios futuros que recibiera la empresa.

El representante de los demandantes en Argentina, Enrique Bruchou, dio a conocer que en ese país la petrolera mantiene activos por más de 2 mil millones de dólares y de acuerdo a la orden emitida y ratificada, el secuestro será efectivo mientras que completen los 19 mil millones de dólares a los que la compañía fue condenada.

Bruchou expresó que la resolución de los miembros de la Cámara de Apelaciones fue unánime y refutó argumentos de Chevron, que aseguraba que la sentencia en Ecuador no era ejecutable en cualquier tribunal, según otro de los abogados de los afectados, Enrique Bruchou.

La compañía puede aún pedir autorización a la Cámara para recurrir a la Corte Suprema argentina. De hecho, el portavoz de la petrolera, Kurt Glaubitz, indicó que buscarán todos los medios legales disponibles para revertir la medida.

Chevron no tiene activos en Ecuador, por eso los querellantes han presentado demandas en Canadá, Brasil y Argentina.

Comunidades indígenas ecuatorianas acusaron a la petrolera Texaco de verter aguas contaminadas en su territorio y provocar daños en la salud de sus habitantes durante su operación en el país andino en las décadas de 1970 y 1980. Esa compañía fue adquirida posteriormente por Chevron.

 El caso se encuentra en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Quito, pero la sentencia ya está vigente porque la petrolera no pagó una garantía que habría suspendido su ejecución mientras avanzaba el proceso.

 

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