La conformación y operación de la Junta que regulará a las empresas, las definiciones de palabras incluidas en la Ley, los artículos que tratan el control de operación e investigación, y la consideración de los derechos constitucionales de ciertas restricciones que están establecidas, fueron los puntos relevantes que discutieron  los asambleístas en el primer debate de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Estado, o Ley Antimonopolio.

Francisco Velasco, asambleísta de PAIS y presidente de la Comisión de Régimen Económico,  que elaboró el informe, puntualizó la  importancia de la propuesta debido a la ausencia de una ley que regule el mercado y la competencia, por lo que presentó información  que incluyó cifras sobre industrias con alta concentración de poder en el Ecuador.

La Comisión de Régimen Económico realizó el informe en las últimas dos semanas, donde concluye que la existencia del documento es constitucional y que su objetivo es impulsar una economía nacional que resalte la  producción secundaria y terciaria, y el  desarrollo del mercado interno.

Durante el debate, que se cumplió  a doble jornada y que continuaba al cierre de esta edición, el asambleísta Pedro de la Cruz (AP) defendió la constitucionalidad de la Ley Antimonopolio, mientras que su compañero  Gastón Gagliardo sostuvo que esta Ley se convierte en un mecanismo que combate conductas desleales; por ejemplo, la imitación de etiquetas o la publicidad engañosa. Es importante, dijo, entender que   se busca regular y no verla como antimonopolio. “La Superintendencia va a tener una función vital de investigar y sancionar”, aclaró.

Rosana Alvarado, también del bloque oficialista, defendió las garantías de la justicia, “reconociendo la acción de medianos y pequeños productores”.

El asambleísta  Paco Moncayo recordó que el informe de la Comisión fue firmado con la abstención de la oposición y que su preocupación es la transitoriedad del poder. “En la Democracia se cambian las tendencias que gobiernan”, indicó. 

Lourdes Tibán, de Pachakutik,  aceptó la Ley como constitucional, pero critica la vía por la que llegó. “Como mandato económico urgente  se elimina el debate”, sostuvo. 

Para la asambleísta, se pretende  eliminar el monopolio privado y concentrarlo en las manos públicas, “habría que analizar si eso funciona, retomando experiencias como las del Instituto de Seguridad Social”. 

Sylvia Kon, de Sociedad Patriótica,  miembro de la Comisión que analizó la Ley, insiste en la transparencia del procedimiento para que  no se viole derechos humanos ni libertades con las medidas cautelares del artículo 36. “La Ley no regula, elimina los mercados”, acotó.

Rolando Panchana, de AP, y  César Montúfar, de Concertación Nacional Democrática, recomendaron el establecimiento de definiciones y, sobre todo, la inserción de un glosario que delimite los términos.

Frente a la Junta de Regulación, Rafael Dávila, de Conciencia Ciudadana, sugirió que se cree un cuerpo colegiado. 

“Conformado por  diversos sectores sociales, que sirva de contrapeso”, comentó.

Ramiro Terán, del  Movimiento Popular Democrático, solicitó devolver la Ley para que retorne por la vía normal.

En sus intervenciones los legisladores no se oponen a la Ley , pero sí discrepan en la  conformación de la Junta de Regulación, en la eliminación de ciertos  mecanismos propuestos para controlar los abusos de poder  y  la falta de regulación en el sector público.

La Asamblea tiene hasta el 29 de este mes para evacuar el proyecto.